De la ley de tierras de 1902 a la repartija de Portezuelo en 2026

Existen verdades que la retórica oficialista de la Ciudad de Mendoza pretende sepultar bajo montañas de propaganda institucional, pero la historia es obstinada y la geografía no miente.

Cuando se examina el desarrollo económico y la distribución de la riqueza en nuestra provincia, se descubre una constante histórica invariable desde hace más de un siglo, Malargüe siempre ha sido tratado como la despensa de la provincia, a la que las sucesivas administraciones políticas meten mano cuando necesitan financiar mega obras en el norte o maquillar sus descalabros presupuestarios.

El próximo noviembre de 2026, Malargüe conmemorará 76 años de su autonomía municipal, tras aquel hito histórico de 1950 que nos reconoció institucionalmente como departamento.

Sin embargo, a tres cuartos de siglo de aquel nacimiento formal y a 124 años de los remates fiscales de 1902, la estructura de subordinación económica permanece inalterada. Las formas se han sofisticado con leyes modernas y vocabulario técnico-financiero, pero el fondo sigue siendo el mismo, el sur provee el recurso estratégico, ayer la tierra pública y el petróleo, hoy el agua del Río Grande y los dólares de su resarcimiento, mientras la ganancia real, la decisión política y la infraestructura de transformación se concentran en las oficinas de la capital provincial.

La estafa de la Ley Nº 248 de 1902, colonización en el discurso, remate en la práctica Para comprender el presente, es indispensable revisar las raíces del modelo desintegrador. En agosto de 1902, el gobernador interino Elías Galigniana Segura presentó el proyecto de la Ley N.º 248 sobre Venta de Tierras Públicas, sancionada el 10 de octubre. El proyecto venía envuelto en promesas de progreso, la norma reservaba 100.000 hectáreas al sur del río

Diamante para un Plan de Colonización destinado a radicar pequeños agricultores e inmigrantes con escuelas financiadas por el remate.

Pero la realidad aplastó al discurso, al no establecer límites ni controles, la ley se convirtió en la mayor subasta especulativa de la historia sureña. Vastas extensiones de Malargüe se remataron por monedas, entre 20 y 40 centavos la hectárea, en escritorios capitalinos. Los compradores no fueron agricultores, sino empresarios adinerados, familias patricias y sociedades extranjeras. Al carecer de riego, la tierra pasó a ser un activo de especulación inmobiliaria, dando nacimiento al latifundio ausente.

El despojo a los puesteros y la grieta social, recordemos que este remate trajo una tragedia social silenciosa. Durante generaciones, los puesteros y crianceros habían habitado la vastedad cordillerana mediante un sistema ancestral de trashumancia. De la noche a la mañana, por el trazo de una pluma, esas familias descubrieron que la tierra de sus abuelos pertenecía a un tercero, siendo reducidos a la condición de intrusos u ocupantes precarios en su propio hogar.

Cuando los nuevos latifundistas alambraron los campos, se rompieron las rutas de arreo. Los puesteros quedaron acorralados, obligados a pagar pastajes usureros o expuestos al desalojo.

La estafa de la Ley Nº 248 enterró el desarrollo rural inclusivo, generando una brecha que el Estado tardó casi un siglo en empezar a mitigar con la Ley de Arraigo de Puesteros (Ley N.º 6.086) en 1994.

¿Dónde fue a parar la plata de 1902?

La pregunta de fondo es simple, ¿qué pasó con el dinero generado por las hectáreas rematadas? Tampoco se quedó en el sur. El dinero obtenido fue absorbido por Rentas Generales para cubrir el déficit fiscal provincial y financiar el plan de obras del Oasis Norte (Capital, Maipú, Luján, Guaymallén). El suelo malargüino financió el adoquinado y los puentes del norte, mientras el sur continuaba sumido en el aislamiento.

2026, El espejo de Portezuelo del Viento y la traición de los $1.023 millones

Si alguien cree que esta dinámica es un recuerdo archivado del siglo XX, solo necesita mirar este 2026. La matriz de explotación centralista no ha cambiado un milímetro; solo ha modernizado sus justificativos. El paralelismo con Portezuelo es escalofriante.

La Promesa Original fue, que en 1902 se prometieron 100.000 hectáreas de colonización e infraestructura para el sur. En el siglo XXI, tras décadas de litigio por los perjuicios de la Promoción Industrial, la Nación indemnizó a Mendoza con 1.023 millones de dólares. El 100% de ese dinero tenía nombre, apellido y locación geográfica, la construcción de la mega- represa Portezuelo del Viento en Malargüe, una obra hidroeléctrica que prometía transformar la matriz energética y productiva de nuestro departamento para los próximos 100 años.

La Maniobra de Apropiación, en 1902, fue la excusa del desarrollo general permitió vender la tierra al mejor postor sin dejar un peso en el sur. En 2026, amparándose en el bloqueo político ejercido por el COIRCO (lo cual es una verdad a media) y la falta de decisión política para defender la obra a nivel nacional, la administración provincial logró la autorización legal para liberar esos fondos y gastarlos en “obras de desarrollo regional”.

Las repartijas de 2026

El Gobierno de Mendoza anuncio con bombos y platillos que ya tiene comprometido más del 97% de los 1.023 millones de dólares en un paquete de 57 obras públicas esparcidas a lo largo y ancho de toda la provincia. ¿El resultado para Malargüe? Un escandaloso y humillante cero por ciento en megaobras de impacto estructural local. Ni cloacas tiene hoy Malargüe

Los dólares generados por el agua y la geografía malargüina se han atomizado en la reparación de colectores cloacales en el Gran Mendoza, repavimentación de rutas comerciales en el oasis central y obras de presurización hídrica en cuencas del norte. Para Malargüe, el departamento del cual se extrae la riqueza hidrocarburífera que sostiene el presupuesto provincial, la devolución vuelve a ser la misma que en 1902, migajas, discursos grandilocuentes y promesas de un futuro que jamás llega.

El grito de autonomía a 76 años de la fundación

A las puertas de conmemorar nuestro aniversario como departamento en este mes de noviembre, los malargüinos debemos dejar de actuar como espectadores pasivos de nuestro propio despojo. No podemos permitir que el aniversario sea amortiguado por desfiles protocolares, discursos endulzados de funcionarios que bajan desde la capital a sacarse la foto y ni aplausos de compromiso.

La historia de los últimos 124 años demuestra que el centralismo mendocino no entrega nada por generosidad. Todo lo que Malargüe no reclame con firmeza política, movilización social y convicción técnica será engullido por la voraz maquinaria presupuestaria de la capital. Es momento de entender que el atraso de infraestructura en nuestra tierra no es fruto de la casualidad ni del rigor del clima; es el resultado directo de un modelo de provincia que nos prefiere dormidos, sumisos y divididos.

El verdadero homenaje a los hombres y mujeres que fundaron este departamento en 1950 no es recordar el pasado con nostalgia, sino ponernos de pie ante la capital provincial para exigir lo que por historia, derecho y producción le pertenece al pueblo de Malargüe.

Llegó la hora de ponerle fin a la era del saqueo y demostrarle a Mendoza que el gigante del sur no está dormido, simplemente estaba juntando la fuerza necesaria para ponerse de pie y reclamar lo que por derecho, trabajo y producción le pertenece.

Como bien se recuerda aquella célebre frase atribuida a Martin Luther King, frente a la inacción ante la injusticia: «No le tengo miedo a los gritos de los violentos, me aterra el silencio de los mansos».