El ajuste de Cornejo era para algunos: indemnizaron a una exfuncionaria y un año después el Gobierno la volvió a contratar

El discurso de la austeridad volvió a chocar de frente con la realidad. El Gobierno de Alfredo Cornejo justificó el cierre del Instituto de Desarrollo Rural (IDR) asegurando que la medida permitiría ahorrar millones de pesos al Estado y reducir el gasto en salarios. Sin embargo, apenas un año después, una de las beneficiarias de las indemnizaciones pagadas tras esa decisión regresó a la administración pública provincial con un cargo de asesora.

Se trata de la exdiputada radical Flavia Dalmau, quien trabajó durante 20 años en el IDR y percibió la indemnización correspondiente cuando el organismo fue disuelto. Hasta allí, el procedimiento puede encuadrarse dentro de la legislación laboral vigente.

Lo que genera un fuerte interrogante político es lo que ocurrió después.

Dalmau nunca quedó sin percibir ingresos del Estado. Mientras el IDR cerraba sus puertas, continuaba ejerciendo su banca como diputada provincial y cobrando su sueldo como legisladora. Al finalizar su mandato, apenas un mes más tarde, fue designada como asesora del Ministerio de Gobierno mediante un decreto firmado por el gobernador Alfredo Cornejo y el ministro Natalio Mema.

La pregunta resulta inevitable: ¿dónde quedó el supuesto ahorro que justificó el cierre del organismo?

El Gobierno defendió en su momento la eliminación del IDR afirmando que el 95% de su presupuesto se destinaba al pago de salarios y que era necesario reducir ese gasto. Sin embargo, ahora crea nuevos cargos de asesor para reincorporar a dirigentes políticos que hasta hace poco ocupaban bancas legislativas.

Legalidad y ética no siempre son lo mismo.

Puede que la indemnización haya correspondido por ley y que la designación también sea legal. Pero eso no elimina el debate sobre la utilización de los recursos públicos ni sobre la coherencia entre el discurso oficial y las decisiones que finalmente se toman.

Mientras miles de mendocinos escuchan permanentemente que “no hay plata”, el Estado sigue encontrando recursos para crear cargos políticos y reincorporar a quienes ya fueron indemnizados con fondos públicos.

El caso también vuelve a poner sobre la mesa una práctica que genera un creciente malestar ciudadano: funcionarios que rotan entre distintos cargos estatales sin alejarse nunca del presupuesto provincial.

La administración de Cornejo sostiene que no existe incompatibilidad alguna. Probablemente tenga razón desde el punto de vista jurídico. Sin embargo, el cuestionamiento es político: si el cierre del IDR respondía realmente a una política de austeridad, resulta difícil explicar por qué, poco tiempo después, el mismo Estado vuelve a contratar a una de las personas indemnizadas por ese cierre.

El ahorro prometido termina perdiendo credibilidad cuando los cargos desaparecen por un lado y reaparecen por otro.

En tiempos en los que el Gobierno exige sacrificios y habla permanentemente de eficiencia, decisiones como esta alimentan la percepción de que el ajuste siempre encuentra excepciones cuando se trata de la dirigencia política.