La DGE apartó preventivamente a una regente de una escuela de San Rafael tras una denuncia por presuntos malos tratos

La Dirección General de Escuelas (DGE) dispuso el apartamiento preventivo de una docente que se desempeña como regente de la escuela técnica N° 4-124 Reynaldo Merín, de San Rafael, luego de una denuncia presentada por un alumno de 17 años por presuntos malos tratos.

La medida alcanza a Bibiana Toledo y fue establecida mediante la Resolución N° 6115, firmada el pasado 28 de agosto por el director general de Escuelas, Tadeo García Zalazar. El acto administrativo establece una suspensión preventiva de 30 días corridos.

Durante ese período, la docente quedará separada de todos los cargos, horas cátedra y funciones que desempeñe dentro del sistema educativo provincial vinculados con la medida. Asimismo, no percibirá los haberes correspondientes a esas funciones mientras permanezca vigente la suspensión.

La denuncia y la investigación

De acuerdo con las actuaciones administrativas, el planteo fue realizado inicialmente por el propio estudiante y posteriormente ratificado por sus padres.

Ante la naturaleza de la denuncia y al encontrarse involucrado un alumno menor de edad, las autoridades educativas resolvieron adoptar una medida preventiva mientras se desarrolla el procedimiento administrativo destinado a establecer qué ocurrió y determinar las eventuales responsabilidades.

La decisión de la DGE no constituye una resolución definitiva sobre la conducta de la docente ni implica que los hechos denunciados hayan sido acreditados. Se trata de una medida excepcional adoptada mientras avanza la investigación correspondiente.

Será el procedimiento administrativo el que deberá reunir los elementos necesarios para establecer si existieron los hechos denunciados, cuál fue su alcance y, eventualmente, si corresponde atribuir algún tipo de responsabilidad.

Un antecedente que vuelve a quedar bajo la lupa

La situación también vuelve a poner atención sobre la trayectoria pública de Toledo, quien además de su actividad dentro del ámbito educativo ha desarrollado tareas relacionadas con el periodismo y la comunicación.

En ese ámbito, algunas publicaciones realizadas durante los últimos años en medios digitales y redes sociales derivaron en presentaciones judiciales de personas que consideraron que determinadas expresiones podían afectar su honor.

Entre los antecedentes aparece una causa de 2017, en la que Toledo accedió a una suspensión de juicio a prueba —conocida como probation— por un expediente relacionado con la desobediencia a una orden judicial. Ese mismo año se había dispuesto su comparecencia ante la Justicia luego de que no se presentara a un debate oral vinculado con una querella por injurias.

Posteriormente, en 2020, una causa por calumnias e injurias iniciada por el pastor Víctor Doroschuk concluyó con un acuerdo homologado judicialmente que contempló una retractación pública y un pedido de disculpas.

Más recientemente, en abril de 2026, se conoció otra retractación pública de Toledo luego de una instancia conciliatoria con Guillermo Fuentes Riva, en relación con expresiones difundidas sobre su persona y su actividad profesional.

Sin embargo, el expediente que ahora tramita la DGE presenta una naturaleza diferente: la denuncia está relacionada directamente con el desempeño de Toledo dentro de una institución educativa y tiene como protagonista a un estudiante menor de edad.

Por el momento, la docente permanecerá apartada preventivamente durante los 30 días establecidos por la resolución. Mientras tanto, las autoridades educativas deberán avanzar con la investigación administrativa que permitirá determinar la existencia o no de los hechos denunciados y las eventuales consecuencias que pudieran corresponder.