Quieren ponerle freno a las eximiciones del Teatro Roma: privados deberán hacer aportes para acceder al beneficio

Un proyecto de ordenanza presentado por los concejales Francisco Perdigúes y María Sol Indiveri propone establecer un régimen específico para las solicitudes de eximición total o parcial del canon por el uso del Centro Cultural San Rafael del Diamante. La iniciativa diferencia entre eventos privados con fines comerciales e instituciones públicas y exige contraprestaciones a quienes reciban el beneficio.

El Concejo Deliberante de San Rafael comenzó a analizar un proyecto de ordenanza que busca establecer nuevas reglas para las solicitudes de eximición total o parcial del canon correspondiente al uso de las instalaciones del Centro Cultural San Rafael del Diamante, conocido como Teatro Roma.

La iniciativa, identificada como AE 491-P-2026, fue presentada por los concejales justicialistas Francisco Perdigúes y María Sol Indiveri y plantea un procedimiento uniforme para aquellos casos en los que se pretenda obtener un beneficio superior al contemplado de manera general por la Ordenanza Tarifaria vigente.

Uno de los principales fundamentos del proyecto es que el canon por utilizar el Teatro Roma constituye un ingreso patrimonial del Municipio y no un tributo. Por ese motivo, los ediles sostienen que técnicamente no debería hablarse de una “exención tributaria”, sino de una remisión o condonación de un crédito patrimonial municipal, una vez que la Ordenanza Tarifaria adecue su terminología.

Mientras eso no ocurra, las solicitudes continuarán tramitándose bajo la denominación de “eximición”.

Cada pedido deberá justificar el beneficio

La propuesta establece que toda solicitud deberá estar debidamente fundamentada e incluir, entre otros datos, quién realiza el pedido, las características y finalidad del evento, el canon total correspondiente, el porcentaje o monto cuya eximición se solicita y la cuantificación económica del beneficio.

Además, deberán explicarse las razones jurídicas, económicas, culturales, educativas, sociales, turísticas o de interés público que justificarían apartarse del régimen tarifario general.

De esta manera, el proyecto busca evitar que las eximiciones se conviertan en una práctica habitual y establece que los beneficios extraordinarios tendrán carácter excepcional y deberán interpretarse de manera restrictiva.

Una condición especial para los eventos privados

Uno de los puntos más importantes de la iniciativa alcanza a las personas o empresas privadas que organicen eventos con finalidad comercial o lucrativa y soliciten una reducción o eliminación del canon.

En estos casos, el beneficio quedaría condicionado al cumplimiento de dos obligaciones concretas.

Por un lado, deberán garantizar un cupo gratuito para personas con discapacidad, en las condiciones y proporciones que determine posteriormente la reglamentación, además de asegurar las condiciones de accesibilidad y participación.

Por otro, deberán realizar una contribución económica para financiar la producción técnica de un evento organizado por una escuela, establecimiento educativo u otra institución u organismo público.

La contribución prevista será de al menos el 50% del costo de esa producción técnica, aunque el Departamento Ejecutivo podría establecer un porcentaje mayor según las circunstancias de cada caso.

La Dirección de Cultura será la encargada de determinar qué actividad pública recibirá ese aporte, teniendo en cuenta las solicitudes existentes, la disponibilidad de las instalaciones y la programación cultural.

El proyecto aclara, además, que cumplir con estas condiciones no garantiza automáticamente la obtención de la eximición. El beneficio deberá estar justificado por razones concretas de interés público que excedan el interés económico particular del organizador.

Las instituciones públicas tendrán otro tratamiento

La iniciativa diferencia expresamente la situación de los privados respecto de las escuelas, establecimientos educativos y organismos públicos.

Estas instituciones continuarán accediendo al porcentaje de beneficio que actualmente establece el artículo 133 de la Ordenanza Tarifaria.

Sin embargo, podrán solicitar una eximición superior si existen circunstancias particulares o excepcionales que lo justifiquen.

En esos casos, deberán explicar por qué el porcentaje establecido normalmente resulta insuficiente y qué beneficios concretos generará la actividad: acceso a bienes culturales, inclusión, fortalecimiento del tejido social, promoción educativa o cultural, proyección turística u otros resultados de interés público.

El beneficio extraordinario para estas instituciones podría llegar hasta el 100% del canon, siempre que las circunstancias acreditadas en el expediente permitan justificarlo.

Control antes y después de cada evento

El proyecto también establece un mecanismo de seguimiento.

La Dirección de Cultura será la autoridad de aplicación y deberá incorporar al expediente la documentación necesaria para determinar el canon y cuantificar el beneficio solicitado.

Además, tendrá que verificar antes de la realización del evento que se hayan acreditado las condiciones exigidas y controlar posteriormente su cumplimiento.

En el caso de los privados, si no cumplen con las obligaciones asumidas, perderán el beneficio y deberán afrontar el canon que había sido eximido, junto con los accesorios que correspondan.

Informe semestral al Concejo Deliberante

Otro de los puntos previstos es la obligación del Departamento Ejecutivo de informar cada seis meses al Concejo Deliberante sobre las eximiciones otorgadas.

El informe deberá incluir la nómina de beneficiarios, el porcentaje y monto económico de cada beneficio, las condiciones impuestas y el grado de cumplimiento.

También deberá detallar cuáles fueron las actividades de instituciones públicas cuya producción técnica haya sido financiada total o parcialmente por beneficiarios privados.

La iniciativa, que ahora deberá avanzar en el tratamiento legislativo correspondiente, busca establecer así un marco más preciso para el uso del Teatro Roma y, al mismo tiempo, vincular los beneficios económicos otorgados a privados con acciones concretas de inclusión y apoyo a actividades de interés público.