Una mendocina denunció que un diácono la obligó a abortar dos veces y llevó al Arzobispado hasta la Corte Suprema
La mujer denunció que un diácono mendocino le ocultó una doble vida, la obligó a abortar dos veces y que el Arzobispado actuó con irregularidades durante la investigación. El caso será analizado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Una causa judicial que enfrenta a una mujer mendocina con el Arzobispado de Mendoza llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que ahora deberá decidir si interviene y emitir una resolución definitiva sobre el caso. La denuncia tiene origen en una relación sentimental que la mujer mantuvo con un hombre que ocultó durante años una doble vida, ya que tenía otra familia y además ejercía funciones como diácono dentro de la Iglesia Católica.
Según informó Diario El Sol, la mujer sostiene que sufrió diversas situaciones de violencia y engaño durante la relación. De acuerdo con su relato, tras separarse de una pareja anterior, comenzó una amistad con el hombre que luego derivó en una convivencia junto a sus hijos. Con el tiempo, la relación también generó una dependencia económica, ya que él se comprometió a asumir los gastos del hogar.
La denunciante aseguró que el hombre se ausentaba con frecuencia bajo el argumento de visitar a sus padres. Más adelante descubrió que mantenía otra familia paralela, con hijos y nietos. Tras confrontarlo por esa situación, él le habría prometido regularizar su situación matrimonial, aunque posteriormente ella también se enteró de que integraba la estructura eclesiástica mendocina como diácono.
Según consta en la presentación judicial, cuando volvió a exigir explicaciones, el hombre decidió abandonar el hogar y cortar todo contacto. Actualmente, el diácono se encuentra fallecido, pero la disputa legal continúa contra el Arzobispado, al que la mujer acusa de haber actuado de manera irregular durante la investigación interna realizada por la Iglesia.
La denuncia ante el Arzobispado
En septiembre de 2018, la mujer presentó una denuncia formal ante el Arzobispado de Mendoza con el objetivo de que se iniciara un proceso canónico y se evaluara la permanencia del diácono dentro de la institución religiosa.
Sin embargo, sostiene que durante el desarrollo del expediente eclesiástico se produjeron múltiples irregularidades. Entre ellas, cuestionó la forma en que fue notificada sobre distintas actuaciones y denunció que integrantes de la Iglesia se presentaron personalmente en domicilios vinculados a la causa para comunicar avances del proceso, situaciones que consideró intimidatorias.
Además, afirmó que no se le permitió participar plenamente del procedimiento con asistencia legal ni acceder a información relevante sobre las actuaciones internas.
El reclamo en la Justicia civil
Ante esa situación, en julio de 2019 decidió acudir a la Justicia ordinaria de Mendoza. Con el patrocinio de abogados especializados, promovió una demanda por los daños que, según argumentó, le ocasionó el accionar institucional de la Iglesia durante la investigación.
La estrategia jurídica buscó encuadrar los hechos dentro de un contexto de violencia de género institucional, al considerar que existió una relación desigual de poder entre la denunciante y la institución religiosa.
La causa tuvo su primer fallo en 2023, cuando el Tribunal de Gestión Asociada N° 3 reconoció la existencia de daños, aunque rechazó aplicar la normativa de violencia de género. Posteriormente, la decisión fue confirmada en segunda instancia por la Tercera Cámara de Apelaciones.
No obstante, en marzo de este año, la Suprema Corte de Mendoza revocó esas resoluciones y rechazó la demanda. Frente a ese escenario, la defensa de la mujer presentó recursos para que el expediente fuera revisado a nivel nacional.
La decisión ahora está en manos de la Corte Suprema
Tras una serie de planteos judiciales, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó analizar el caso, por lo que deberá resolver si corresponde revisar el fallo de la justicia mendocina.
La futura decisión del máximo tribunal podría tener importantes consecuencias. Si se reconoce la existencia de responsabilidad por parte del Arzobispado, la institución podría ser condenada a reparar económicamente los daños reclamados. En caso contrario, la denunciante todavía tendría la posibilidad de recurrir a organismos internacionales de derechos humanos para continuar su reclamo.
