Mientras millones hacen cuentas para llegar a fin de mes, el Senado vuelve a mirarse el bolsillo

Una vez más, la política argentina parece vivir en un país distinto al de la mayoría de los ciudadanos. Mientras trabajadores, jubilados, comerciantes y pequeñas empresas hacen malabares para afrontar el costo de vida, el Senado de la Nación vuelve a quedar en el centro de la polémica por un nuevo incremento en las dietas de sus integrantes.

No se trata solamente de un número. Se trata del mensaje que transmite una decisión de estas características.

Argentina atraviesa una situación económica compleja. La inflación sigue deteriorando los ingresos, el consumo no logra recuperarse plenamente y miles de familias continúan ajustando gastos básicos. En ese contexto, resulta difícil comprender que quienes deberían dar el ejemplo decidan mejorar sus propios ingresos.

Y el malestar tiene una explicación concreta: con la actualización, las dietas brutas de los senadores nacionales alcanzarán los 12 millones de pesos mensuales. Más allá de los descuentos que correspondan, la cifra resulta impactante en un país donde millones de trabajadores, jubilados y familias sobreviven con ingresos que representan apenas una fracción de ese monto.

El problema no es únicamente cuánto cobra un senador. La verdadera discusión es si esos aumentos son compatibles con la realidad del país que representan. La política no puede exigir sacrificios a la sociedad mientras se mantiene al margen de esos esfuerzos.

Durante años, distintos gobiernos hablaron de austeridad, transparencia y de la necesidad de reconstruir la confianza de la ciudadanía. Sin embargo, decisiones como esta alimentan exactamente lo contrario: la sensación de que existe una dirigencia que continúa privilegiando sus propios intereses.

La indignación social no nace del resentimiento hacia quienes ocupan cargos públicos. Nace de una cuestión elemental de coherencia. Cuando un jubilado debe elegir entre comprar medicamentos o pagar un servicio, cuando un trabajador pierde poder adquisitivo todos los meses y cuando miles de emprendedores luchan por sostener sus actividades, un aumento para los legisladores resulta, cuanto menos, inoportuno.

Los representantes del pueblo tienen derecho a recibir una remuneración acorde con la responsabilidad de su función. Pero también tienen la obligación ética de entender el momento histórico que atraviesa el país. En épocas de crisis, el ejemplo vale tanto como las leyes que se sancionan.

La política necesita recuperar credibilidad. Y eso no se consigue con discursos, sino con gestos concretos. Renunciar a privilegios, congelar salarios cuando la sociedad atraviesa dificultades o vincular cualquier incremento a mejoras reales en la economía serían señales mucho más potentes que cualquier declaración.

Cada vez que la dirigencia parece priorizar su bienestar por encima del de los ciudadanos, la distancia entre representantes y representados se hace más profunda. Y esa brecha termina debilitando la confianza en las instituciones democráticas.

No importa el partido político al que pertenezcan. Oficialismo y oposición tienen la responsabilidad de comprender que la representación no consiste solamente en ocupar una banca, sino también en actuar con sensibilidad frente a la realidad de quienes los eligieron. En un momento en el que se reclama esfuerzo a toda la sociedad, la dirigencia debería ser la primera en dar el ejemplo.

El país necesita dirigentes que comprendan que gobernar también implica dar el ejemplo. Porque no alcanza con pedir esfuerzo: primero hay que estar dispuesto a hacerlo.

En una Argentina donde millones de personas todavía cuentan cada peso para llegar a fin de mes, aumentarse el sueldo hasta alcanzar dietas brutas de 12 millones de pesos mensuales no parece una decisión responsable. Parece, simplemente, otro privilegio que la sociedad difícilmente pueda comprender o aceptar.