“Ruidazo” en San Rafael en defensa de la Ley 7.722
Alrededor de 200 personas se reunieron en el Kilómetro Cero de San Rafael para manifestar su enojo frente a una posible modificación de la Ley 7.722, proyecto que se tratará mañana en la Legislatura de la provincia.
Al grito de “el agua de Mendoza no se negocia”, el grupo de manifestantes salió a la calle en el Kilómetro Cero, en búsqueda del apoyo de las bocinas de los autos que circulaban, lo que en muchos casos, consiguieron.
Entre los puntos principales del despacho final del proyecto que será tratado –y probablemente aprobado mañana viernes– sobresale el artículo 1 que acota la prohibición de sustancias a usarse a solamente el mercurio. Establece que el control de la actividad minera se realizará a través de las leyes nacionales 25.675 (ley nacional de ambiente), la 24.585 (ley de actividad minera) y 26.639 (preservación de glaciares); como así también de las leyes provinciales de preservación del medioambiente (5.961), residuos peligrosos (5.917), Ordenamiento Territorial (8.999) y Plan de Ordenamiento Territorial (8.051), Protección de áreas naturales (6.045). Y de los artículos 124 de la Constitución Nacional y 1 de la Constitución Provincial. En cuanto a la utilización de sustancias, quedará reducida a la cantidad permitida en la República Argentina.
Asimismo, en su artículo 3 se establece que los proyectos mineros deberán presentar en su Declaración de Impacto Ambiental (DIA) informes del Departamento General de Irrigación, informes sectoriales municipales, del IANIGLA y manifestación específica de Impacto Ambiental sobre los recursos hídricos.
En el cuarto artículo se incorpora uno de los pedidos del PJ: la participación ciudadana en el control ambiental se dará por la Red de Vigilancia Ambiental.
También prevee que el organismo de aplicación sea la Secretaria de Ambiente quien deberá implementar la Policía Ambiental. Este fue otro de los pedidos del justicialismo. Se establece también que las audiencias públicas las harán los municipios.
Finalmente se obliga a las mineras a contratar un seguro ambiental a favor de la provincia y mano de obra local y se ordena que los proyectos mineros a gran escala deberán contratar auditorías internacionales
