El Gobierno flexibilizó la importación de maquinaria usada para impulsar inversiones industriales

El Gobierno nacional oficializó este martes una amplia reforma al régimen que regula el ingreso al país de maquinaria industrial usada, en una medida que busca destrabar inversiones productivas y agilizar trámites que hasta ahora demoraban meses. La decisión se concretó a través del Decreto 483/2026, publicado en el Boletín Oficial y firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro de Economía Luis Caputo.

La norma modifica el esquema vigente desde 2016 (Decreto 1174/2016), que permite a las empresas importar líneas de producción usadas como parte de proyectos de inversión industrial. Según los considerandos de la nueva normativa, el objetivo es actualizar un régimen que, después de una década en funcionamiento, necesitaba adaptarse a los lineamientos actuales de política industrial y comercial. Entre los principales cambios figura la incorporación de nuevas actividades económicas que ahora podrán acceder al beneficio, además de la simplificación de los procedimientos de presentación de proyectos, rendición de cuentas y evaluación de inversiones.

Uno de los aspectos más relevantes es la fijación de plazos cortos y específicos para que la administración pública responda a las empresas, incluyendo lo que el propio decreto llama “soluciones automáticas ante el silencio” estatal: si el Estado no contesta en el tiempo previsto, el trámite avanza igual. Las compañías que accedan al régimen deberán, de todos modos, cumplir ciertas condiciones: comprar bienes nuevos de origen nacional por un monto equivalente a al menos el 10% del valor FOB de la maquinaria usada importada, y presentar un dictamen técnico de un organismo estatal especializado, una universidad nacional o un ingeniero matriculado que avale las características del proyecto.

El decreto también endurece las sanciones para quienes incumplan las condiciones del régimen: prevé la ejecución total de garantías si una empresa no presenta su rendición de cuentas, no concreta las inversiones comprometidas o no cumple con la compra de bienes nacionales. En los casos de documentación irregular presentada con intención fraudulenta, la autoridad de aplicación podrá inhabilitar a la empresa para acceder al régimen durante tres años, además de aplicarle una sanción económica adicional equivalente al 20% de los tributos no ingresados, más intereses.

Las nuevas reglas no solo rigen para trámites futuros: el decreto dispuso que también se aplicarán a expedientes que ya estaban en curso y pendientes de resolución, con el objetivo de unificar criterios y agilizar su cierre. La implementación quedó a cargo de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y de la Secretaría de Industria, Comercio y de la Pequeña y Mediana Empresa, que deberán elaborar las normas complementarias en los próximos meses.

La medida generó reacciones encontradas en el sector productivo. Mientras el Gobierno la presenta como una herramienta para fortalecer la competitividad, incrementar exportaciones y favorecer la creación de empleo, desde el sector metalmecánico local —en particular fabricantes de maquinaria agrícola— advirtieron sobre el riesgo de competencia desleal, ya que el equipamiento usado importado puede llegar al país con precios entre un 40% y un 50% más bajos que los equipos nuevos de fabricación nacional.