Buscan reforzar la limpieza de acequias en San Rafael y establecer sanciones por arrojar basura

Un proyecto de ordenanza presentado por concejales del bloque Justicialista en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael busca reforzar la limpieza y conservación de las acequias y cunetas del departamento, con el objetivo de prevenir obstrucciones, evitar anegamientos durante las lluvias y proteger el ambiente y el arbolado público.

La iniciativa, identificada como AE 7222-B-2026, fue ingresada el 21 de octubre y lleva las firmas de María Anabel Lucero, Nahuel Arscóne, Néstor Ojeda, María Sol Indiveri y Francisco Perdigues.

El proyecto plantea un esquema de responsabilidades compartidas entre los vecinos y el Municipio, incorpora medidas de inspección y contempla sanciones para quienes incumplan las obligaciones de limpieza o arrojen residuos en los cauces.

Más de 1.200 kilómetros de acequias en el departamento

Entre los fundamentos de la propuesta, los concejales señalan que San Rafael cuenta con más de 800 kilómetros de acequias en la ciudad y supera los 1.200 kilómetros al sumar los distritos.

El texto advierte que la limpieza de estos espacios es una práctica que, con el paso del tiempo, habría perdido presencia en los hábitos de convivencia urbana. También sostiene que la acumulación de residuos puede obstaculizar el desplazamiento del agua y provocar desbordes, anegamientos de calles e inundaciones en veredas y viviendas.

Los autores destacan, además, la importancia histórica y ambiental del sistema de acequias para Mendoza, tanto por su función en el riego como por su relación con el arbolado público y la identidad de la provincia.

En ese sentido, consideran necesario recuperar las conductas de cuidado y promover campañas de concientización para evitar que la basura termine en los cauces.

Qué deberán hacer los vecinos y cuál será la responsabilidad municipal

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que los propietarios, poseedores u ocupantes de inmuebles deberán mantener limpias las acequias y cunetas ubicadas frente a sus propiedades, a lo largo de toda la extensión del frente.

El material que resulte de esas tareas deberá ser dispuesto de acuerdo con el sistema de recolección que determine el Municipio.

Por otra parte, la iniciativa establece expresamente que la limpieza y el mantenimiento de los puentes que cruzan las calles serán responsabilidad del Municipio.

La propuesta también prohíbe arrojar o depositar residuos, botellas plásticas, escombros, desperdicios y otros materiales en las acequias y cunetas. Para su disposición, deberán utilizarse los contenedores, los lugares habilitados o los cestos de basura correspondientes.

Además, quedarían prohibidas las acciones que deterioren estas estructuras, alteren su funcionamiento, impidan la libre circulación del agua o provoquen contaminación.

Inspecciones y multas para quienes incumplan

El proyecto contempla la intervención de distintas dependencias municipales para controlar el cumplimiento de las disposiciones. Entre las áreas mencionadas figuran Inspección de Escombros, Inspección General, Obras Municipales, Espacios Verdes y Defensa y Protección Civil.

De acuerdo con el articulado, podrán ser sancionadas las personas físicas o jurídicas que no mantengan limpias las acequias y cunetas frente a sus propiedades o que las ensucien y obstruyan con materiales que impidan el normal escurrimiento del agua.

Las multas deberán ajustarse al régimen municipal de faltas vigente, teniendo en cuenta la gravedad de la infracción, los riesgos para la salud pública y el ambiente, y los antecedentes de reincidencia.

El texto propone tomar como referencia los montos previstos en el artículo 180 de la Ordenanza Tarifaria vigente para infracciones relacionadas con el arrojo de residuos y escombros en la vía pública. Sin embargo, aclara que su aplicación requiere una disposición sancionatoria vigente que contemple expresamente la conducta, además del respeto por el procedimiento legal y el derecho de defensa.

La iniciativa también establece que el pago de una multa no liberará al responsable de retirar los residuos ni de cumplir con las tareas de limpieza que correspondan.

Garantías para los vecinos y asistencia ante situaciones de vulnerabilidad

El articulado incorpora pautas para la constatación de las presuntas infracciones. Las actas deberán consignar, como mínimo, el lugar, la fecha, una descripción concreta de los hechos y la disposición que se considere incumplida.

Asimismo, el procedimiento deberá garantizar la notificación al presunto infractor y su derecho de defensa. Cuando corresponda una intimación previa para corregir una situación de falta de limpieza, deberá indicarse qué acción se exige y cuál es el plazo otorgado.

Otro aspecto previsto es la posibilidad de evaluar situaciones acreditadas de vulnerabilidad socioeconómica, edad avanzada o discapacidad que dificulten el cumplimiento de las tareas materiales de limpieza.

En esos casos, la autoridad municipal podrá disponer medidas de asistencia, orientación o colaboración, de acuerdo con la normativa y los procedimientos que se establezcan.

Campañas de concientización y posibles cambios para 2028

La propuesta no se limita al control y las sanciones. También encomienda al Departamento Ejecutivo Municipal desarrollar acciones de información y concientización destinadas a vecinos, frentistas, instituciones y otros sectores de la comunidad.

Además, contempla la posibilidad de implementar mecanismos para recibir reclamos, registrar incidentes y coordinar las tareas de inspección, limpieza y mantenimiento.

En materia sancionatoria, el proyecto prevé que el Ejecutivo pueda elevar al Concejo Deliberante una propuesta para incorporar, en la Ordenanza Tarifaria correspondiente a 2028, un apartado específico para las infracciones vinculadas con la limpieza, conservación y protección de acequias y cunetas.

Ese apartado podría incluir una clasificación diferenciada de las conductas, escalas de multas, criterios para graduar las sanciones y mecanismos de regularización.

Por último, la iniciativa establece que la ordenanza entraría en vigencia tras su promulgación, aunque la aplicación de las sanciones quedaría condicionada a la existencia de una norma expresa vigente y al cumplimiento del procedimiento legal correspondiente.

El proyecto deberá avanzar en el ámbito legislativo para convertirse en ordenanza. Su objetivo es recuperar el cuidado de una infraestructura fundamental para el sistema de riego y el drenaje urbano de San Rafael, con obligaciones para los frentistas, responsabilidades municipales y herramientas de control.