Hay una discusión sobre la inflación que merece ser dada con seriedad y, sobre todo, con datos.
No se trata de afirmar que el INDEC inventa números. El problema es otro y no por eso menos grave: Argentina sigue midiendo su inflación con una estructura de consumo construida a partir de una encuesta de gastos de 2004/05.
Han pasado más de veinte años y los argentinos ya no gastamos de la misma manera. La propia comparación con la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18 lo demuestra. En la estructura vigente, vivienda, agua, electricidad y gas representan el 9,4% del índice, mientras que en la nueva estructura alcanzarían el 14,5%. Transporte pasa del 11 al 14,3% y comunicaciones del 2,8% al 5,2%. En sentido contrario, alimentos y bebidas bajan del 27% al 22,7%.
No es un detalle técnico, el índice actual le asigna menos peso justamente a varios de los rubros que más aumentaron en los últimos años: tarifas, transporte y servicios. Aquí aparece una pregunta que el Gobierno nacional debe responder.
La actualización metodológica estaba preparada por el INDEC y su implementación había sido anunciada para febrero de 2026. Sin embargo, a comienzos de ese mes fue postergada. La decisión derivó, además, en la salida de su titular Marco Lavagna de la conducción del organismo.
No estamos hablando de una discusión partidaria. El propio Fondo Monetario Internacional señaló en su informe de mayo de este año que la demora dejó al IPC con una metodología desactualizada y menos representativa de la canasta de consumo actual.
¿Cuánto cambia el resultado?
Los estudios disponibles muestran cifras diferentes según el período analizado. La Universidad Torcuato Di Tella estimó una diferencia menor a un punto porcentual para 2025. La consultora económica LCG calculó alrededor de 0,4 puntos mensuales en determinados períodos de 2026, y otras estimaciones ubican la brecha acumulada en 15,5%, 22,1%, 27,5% o incluso 38,7%, según el período y la metodología utilizada.
No corresponde mezclar esas cifras ni presentarlas como si fueran equivalentes, pero hay algo que sí tienen en común: todas señalan en la misma dirección.
Cuando las pequeñas diferencias mensuales se acumulan durante años, dejan de ser pequeñas, y esto tiene consecuencias concretas.
El IPC influye en salarios, jubilaciones, prestaciones sociales, canastas básicas y decisiones económicas del Estado. Por eso, detrás de cada decimal hay algo mucho más importante: el poder de compra de una familia.
En Mendoza lo sabemos especialmente bien. El costo del transporte, los combustibles, los servicios y las enormes distancias de nuestra provincia, hacen que el promedio nacional no siempre refleje lo que ocurre en nuestros hogares. Por eso también debemos mirar los datos de nuestra propia DEIE y contrastarlos con la medición nacional.
No reclamo que se inventen números que den políticamente convenientes, reclamo exactamente lo contrario, que se midan las cosas como son.
Si existe una nueva metodología, basada en información más actualizada, debe conocerse y publicarse.
Si el Gobierno considera que no corresponde aplicarla todavía, debe explicar sus razones, porque las estadísticas públicas no pertenecen a un gobierno, pertenecen a los argentinos. Una sociedad tiene derecho a saber cuánto cuesta realmente vivir en la Argentina de 2026. Ese es el verdadero debate.
Al estar midiendo el costo de vida bajo parámetros erróneos, el Gobierno Nacional muestra una realidad engañosa que no refleja el promedio del consumo de los hogares argentinos y en particular de los hogares mendocinos.
No se trata de creerle o no creerle al INDEC, se trata de no pretender medir el bolsillo de los argentinos de hoy con una fotografía del país de hace veinte años.
