El Gobierno de Mendoza vende los aviones y deja al Sur a merced del granizo

El Gobierno de Mendoza parece haber tomado una decisión que puede tener consecuencias mucho más graves que las que refleja una simple operación de venta de aeronaves: desarmar la lucha antigranizo y trasladar la responsabilidad hacia los municipios y los productores.

La confirmación de que la Provincia analiza desprenderse de los aviones utilizados para las operaciones aéreas encendió nuevamente la discusión con San Rafael, donde la actividad agrícola constituye uno de los pilares de la economía regional.

Y esta vez la respuesta del Municipio fue clara: San Rafael no puede hacerse cargo de una estructura que durante años estuvo sostenida por el Estado provincial.

La situación resulta todavía más llamativa porque el propio Gobierno provincial había planteado que el sistema debía ser evaluado y que, si demostraba resultados, podía sostenerse. Ahora, cuando desde San Rafael aseguran que las últimas temporadas permitieron comprobar su utilidad, la respuesta oficial es poner los aviones en venta.

Primero dijeron que había que demostrar que funcionaba

Durante mucho tiempo, desde la Provincia se cuestionó la efectividad de la lucha antigranizo y se puso en discusión el dinero que demandaba.

San Rafael aceptó el desafío de demostrar que el sistema podía funcionar.

La temporada pasada, el esquema contó con tres aeronaves destinadas al Sur, además de los insumos necesarios para las operaciones y asistencia técnica vinculada con los radares y el mantenimiento de los aviones.

El Municipio, por su parte, asumió tareas vinculadas al control de las operaciones y la elaboración del plan de vuelos.

Ahora que, según la evaluación realizada desde San Rafael, el sistema dio resultados, la Provincia cambia nuevamente las reglas y anuncia que los aviones podrían terminar en manos privadas.

Es difícil no preguntarse qué pasó con aquel compromiso de sostener la herramienta si finalmente demostraba ser efectiva.

Omar Félix: el Municipio no puede asumir una responsabilidad provincial

El intendente Omar Félix fue contundente frente a la posibilidad de que San Rafael tenga que hacerse cargo del sistema.

El jefe comunal sostiene que la lucha antigranizo debe continuar porque protege una actividad económica fundamental para el departamento y para todo el Sur mendocino, pero advierte que el Municipio no está en condiciones económicas de absorber semejante estructura.

Y la explicación es sencilla.

No alcanza con tener un avión.

Hay que mantenerlo, operarlo, contar con pilotos y personal especializado, disponer de insumos, garantizar el mantenimiento mecánico y sostener toda la infraestructura necesaria para que el sistema pueda funcionar cuando una tormenta amenaza la producción.

Pretender que un municipio cargue con ese gasto es, en los hechos, desentender a la Provincia de una responsabilidad que durante años asumió como propia.

Omar Félix reclamó que, si la lucha antigranizo demostró que funciona, sea nuevamente el Gobierno provincial quien garantice su continuidad.

Emir Félix: “Es una tragedia”

El diputado nacional Emir Félix endureció todavía más el cuestionamiento.

Para el legislador, la decisión de vender los aviones significa prácticamente el final de la lucha antigranizo en Mendoza y constituye una medida especialmente grave para el Sur.

La definió directamente como “una tragedia”.

Félix también cuestionó que el Gobierno provincial haya modificado su postura después de que San Rafael cumpliera con el compromiso de demostrar la utilidad del sistema.

La crítica apunta a una contradicción que merece ser explicada: si la herramienta funcionó, ¿por qué la respuesta es desmantelarla?

La respuesta oficial habla de eficiencia y de reasignar recursos.

Pero para quienes viven de la producción, la discusión es bastante más concreta: una tormenta puede destruir en minutos el trabajo de todo un año.

El seguro llega después del daño

El Gobierno de Mendoza sostiene que continuará acompañando al campo mediante el Seguro Agrícola y otras herramientas de asistencia.

El ministro de Gobierno, Natalio Mema, defendió esa estrategia y señaló que durante el último año la Provincia destinó más de $14.000 millones al sector agrícola, con una importante proporción de esos recursos destinados a productores de San Rafael.

El problema es que un seguro no evita que caiga el granizo.

Puede compensar parcialmente una pérdida. Puede ayudar a un productor a recuperarse. Puede aportar dinero para afrontar una temporada complicada.

Pero no puede devolver una cosecha destruida, recuperar un año de trabajo ni evitar el golpe económico que recibe toda la cadena productiva.

Por eso resulta cuestionable presentar al Seguro Agrícola como si pudiera reemplazar directamente una política de prevención.

Prevenir y compensar no son lo mismo.

La Provincia ahorra y el Sur queda expuesto

La decisión del Gobierno provincial puede ser presentada como una cuestión de administración de recursos.

Pero para San Rafael el problema es mucho más profundo.

La Provincia tiene una responsabilidad que excede ampliamente los límites de un municipio. Cuenta con recursos, infraestructura y capacidad operativa para sostener políticas destinadas a proteger actividades productivas estratégicas.

Sin embargo, ante la posibilidad de una temporada complicada, el camino elegido parece ser otro: vender los aviones y decirles a municipios y productores que se hagan cargo.

Eso no parece una política de prevención.

Parece un traslado de responsabilidades.

Y el problema es que San Rafael no tiene los recursos para reemplazar de un día para otro una estructura provincial.

El granizo no entiende de jurisdicciones

Cuando una tormenta atraviesa el Sur mendocino no pregunta si una finca pertenece a San Rafael, General Alvear o Malargüe.

Tampoco pregunta qué partido gobierna el municipio ni quién ocupa el Ejecutivo provincial.

El fenómeno climático golpea la producción y, con ella, a miles de familias que dependen de la actividad agrícola.

Por eso resulta preocupante que una discusión de semejante importancia quede atrapada en una pelea política entre Provincia y Municipio.

La producción del Sur no debería convertirse en la variable de ajuste de esa disputa.

Si el Gobierno provincial considera que la lucha antigranizo dejó de ser necesaria, debería explicar con absoluta claridad cuáles son las razones técnicas que lo llevan a semejante decisión.

Y si considera que el sistema funciona, debería explicar entonces por qué quiere vender los aviones.

Una decisión que merece una explicación mucho más seria

La Provincia tiene todo el derecho de revisar sus políticas y decidir cómo utiliza sus recursos.

Lo que no debería hacer es presentar como una solución la transferencia de un problema hacia quienes tienen menos capacidad para resolverlo.

San Rafael ya anticipó que no puede asumir el costo.

Los productores tampoco pueden ser obligados a financiar individualmente una estructura que requiere una organización de alcance regional.

Y mientras tanto, el Gobierno provincial avanza con la idea de desprenderse de los aviones.

La pregunta queda planteada y debería ser respondida antes de concretar cualquier venta:

¿Mendoza está realmente convencida de que la lucha antigranizo no sirve, o simplemente decidió que ya no quiere pagarla?

Porque si la respuesta es la segunda, entonces no estamos ante una decisión técnica.

Estamos ante una decisión política y presupuestaria cuyo costo, una vez más, corre el riesgo de terminar pagándolo el Sur.

Y cuando se trata de una economía regional que todavía pelea por sostener sus fincas, sus productores y sus fuentes de trabajo, ahorrar desde los escritorios de la Provincia puede resultar muchísimo más caro cuando la próxima tormenta llegue al campo.