La Policía Federal recuperó más de 200 documentos históricos de San Martín, Rosas y otros próceres que iban a ser subastados
El material, valuado en US$100.000, era ofrecido en una casa de subastas de Recoleta; la causa está a cargo del juez Ariel Lijo.

La Policía Federal Argentina (PFA) secuestró este martes un lote de más de 200 documentos históricos vinculados a figuras centrales de la historia argentina, que estaban siendo ofrecidos de manera ilegal en una casa de subastas del barrio porteño de Recoleta, con un valor base de 100.000 dólares.
El operativo estuvo a cargo del Departamento de Protección del Patrimonio Cultural de la PFA, que se presentó en el local comercial ubicado sobre la calle Rodríguez Peña al 1700 y procedió al secuestro de la totalidad de las piezas. El procedimiento fue ordenado por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4, a cargo del juez Ariel Lijo, tras una serie de tareas de prevención y monitoreo online coordinadas por el Ministerio de Seguridad Nacional, que de manera habitual rastrea sitios de subastas y plataformas de compraventa en busca de bienes culturales protegidos.
Entre el material recuperado se destaca una importante colección de documentación epistolar y administrativa vinculada a figuras clave de la historia nacional: cartas y escritos del General José de San Martín, Juan Manuel de Rosas, Juan Martín de Pueyrredón, Carlos María de Alvear y Gregorio Aráoz de Lamadrid. El lote completo también incluía recortes periodísticos de época, libros antiguos, fotografías históricas y diversos archivos oficiales vinculados a instituciones y organismos del Estado nacional y provincial.
Según explicaron los investigadores, las características de los documentos —tipografía, sellos y datación— permiten presumir que se trata de material alcanzado por la Ley 15.930, la normativa que regula y protege toda la documentación que debe permanecer bajo la órbita del Archivo General de la Nación (AGN). Esta ley establece que el AGN es el único organismo facultado para reunir, ordenar, conservar y organizar la documentación pública y el acervo gráfico y sonoro perteneciente al Estado argentino, además de amparar documentos privados que hayan sido entregados formalmente para su custodia. Por ese motivo, la venta de lotes históricos de estas características sin autorización constituye un delito federal contra el patrimonio cultural del país.
Toda la documentación quedó resguardada en una dependencia policial en calidad de depósito judicial, mientras los especialistas avanzan con los peritajes correspondientes para certificar la autenticidad y el valor histórico de cada pieza. El caso se suma a una serie de operativos recientes de la PFA vinculados a la protección del patrimonio cultural argentino: hace pocas semanas, la fuerza había restituido a Perú un conjunto de piezas arqueológicas y documentos del siglo XIX que también habían sido recuperados en investigaciones por tráfico ilícito de bienes culturales, lo que confirma una tendencia de mayor control sobre este tipo de mercado clandestino en el país.



