Buscan aprobar un protocolo de actuación para proteger derechos de niños en jardines maternales CEPI de San Rafael
El proyecto busca establecer criterios claros de intervención en jardines maternales CEPI ante posibles casos de vulneración de derechos de niños y niñas.
Un grupo de concejales del bloque Justicialista presentó un proyecto de ordenanza en el Honorable Concejo Deliberante de San Rafael para aprobar el “Protocolo de Actuación de la Dirección de Educación y Jardines Maternales CEPI”, una herramienta destinada a orientar la intervención del personal educativo frente a situaciones de amenaza o vulneración de derechos de niños y niñas que asisten a esos establecimientos.
La iniciativa ingresó este martes bajo el expediente AE 7103-B-2026 y lleva las firmas de los concejales Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli, Néstor Ojeda, Sol Indiveri y Francisco Perdigues.
Según se detalla en el proyecto, los Jardines Maternales CEPI, dependientes de la Dirección de Educación Municipal, cumplen un rol clave dentro del Sistema de Protección Integral de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ya que trabajan de manera directa con menores de entre 45 días y 3 años.
En los fundamentos, los ediles remarcaron que tanto la Convención sobre los Derechos del Niño como la Ley Nacional 26.061 obligan al Estado y a las instituciones educativas a actuar ante posibles casos de abuso, maltrato, negligencia o cualquier situación que afecte el bienestar de los menores.
El texto destaca que el personal docente y no docente de los jardines maternales mantiene un vínculo cotidiano con los niños y sus familias, lo que les permite detectar tempranamente indicadores de riesgo como violencia intrafamiliar, abuso sexual infantil, maltrato físico o psicológico y carencias en los cuidados básicos.
En ese marco, el protocolo establece principios rectores de actuación vinculados a la prevención, la corresponsabilidad, la atención interdisciplinaria y el deber de intervenir para proteger a los menores. Además, fija mecanismos de articulación con organismos provinciales, áreas de salud y dependencias judiciales.
Los autores del proyecto sostuvieron que contar con una herramienta institucional de estas características permitirá garantizar intervenciones más rápidas, coordinadas y respetuosas de los derechos de los niños, al tiempo que brindará mayor seguridad jurídica al personal educativo.
La ordenanza propuesta establece en su artículo primero la aprobación formal del protocolo elaborado por la Dirección de Educación Municipal durante 2026, mientras que el segundo artículo aclara que la medida no implicará erogaciones presupuestarias para el Concejo Deliberante.
