Autonomía municipal: cuando la política intenta frenar lo que el pueblo ya decidió
La reforma impulsada por el Gobierno provincial genera polémica y reaviva el conflicto por la autonomía municipal en San Rafael.
El anuncio del Gobierno de Mendoza de avanzar en una reforma constitucional para incorporar la autonomía municipal en los 18 departamentos llega tarde. Muy tarde. Y no solo eso: llega en el momento exacto en que San Rafael decidió dar un paso histórico por sí mismo.
Presentaremos un proyecto para modificar un artículo de la Constitución Provincial por vía de enmienda para consagrar la autonomía municipal en la Carta Magna, que ya está dada en la legislación nacional y provincial.
— Alfredo Cornejo (@alfredocornejo) March 31, 2026
Es un paso necesario para dar claridad, previsibilidad y…
Cuesta creer que durante años la autonomía municipal haya sido un tema relegado, ignorado o postergado, y que ahora, de repente, se transforme en una prioridad urgente. No parece casualidad. Más bien, todo indica que estamos ante una reacción política frente a un proceso que el poder provincial no logró controlar.
San Rafael no improvisó. Viene construyendo este camino con respaldo institucional, con debate público y con una dirigencia que, más allá de las diferencias, ha demostrado capacidad de gestión y cercanía con la comunidad. Los resultados están a la vista: desarrollo, crecimiento sostenido y una identidad propia que lo distingue dentro de la provincia.
En ese contexto, la autonomía no es un capricho ni una jugada aislada. Es la consecuencia lógica de un departamento que quiere decidir sobre su propio destino, sin depender de tiempos, intereses o prioridades que muchas veces se definen lejos de su realidad.
La respuesta del Gobierno provincial, sin embargo, no fue acompañar ni fortalecer ese proceso, sino intentar encauzarlo —o directamente frenarlo— bajo su órbita. Hablar de una reforma “para todos” suena bien en lo discursivo, pero en la práctica aparece como una forma de diluir lo que San Rafael ya puso en marcha.
Más preocupante aún es el intento de judicializar el tema. Cuando la política no puede resolver, recurre a la Justicia. Y en ese camino, lo que se pone en juego no es solo una discusión legal, sino la voluntad de una comunidad que ya empezó a expresarse.
No se trata de estar en contra de una reforma constitucional. Nadie discute que Mendoza necesita actualizar su marco institucional. Pero hacerlo ahora, en estas condiciones, deja más dudas que certezas. ¿Por qué no antes? ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué cuando un municipio decidió avanzar?
La respuesta parece evidente: no es una cuestión de tiempos institucionales, sino de control político.
San Rafael hoy plantea algo simple pero profundo: la posibilidad de gobernarse con mayor autonomía, de tomar decisiones acordes a su realidad y de proyectar su futuro sin condicionamientos externos. Frente a eso, la Provincia debería acompañar, no obstaculizar.
La autonomía municipal no puede convertirse en una herramienta de disputa de poder. Debe ser un derecho efectivo, no una promesa condicionada.
Porque cuando un pueblo avanza, frenarlo no es ordenar: es retroceder.
