Propuesta para cambiar multas de tránsito por trabajo comunitario
El diputado provincial, Germán Gómez, presentó un proyecto de Ley que busca dar un giro profundo al sistema de multas de tránsito en Mendoza. La iniciativa propone permitir que las sanciones económicas puedan ser reemplazadas por horas de trabajo comunitario, "una alternativa que apunta a equilibrar justicia, inclusión y responsabilidad ciudadana".
Para Gómez el régimen actual dejó de ser educativo para convertirse en un sistema que castiga especialmente a quienes menos tienen. En un contexto provincial donde el salario real cae, la inflación erosiona los ingresos y el empleo informal crece, miles de mendocinos reconocen su infracción, pero no pueden afrontar las multas que, en algunos casos, superan hasta 16 salarios mínimos vitales y móviles.
La iniciativa permite que el infractor opte, de manera directa y sin trámites engorrosos, por sustituir el valor de la multa por horas de trabajo comunitario. El sistema establece equivalencias claras según el tipo de falta y prevé un incremento sólo en casos de reincidencia. La autoridad de juzgamiento deberá conceder esta opción sin discrecionalidad, garantizando un criterio uniforme en toda la provincia.
El trabajo comunitario podrá realizarse en organismos públicos, centros de salud, hospitales, comedores, campañas de seguridad vial y organizaciones sociales. La idea central es que la sanción tenga un impacto reparador real: el infractor devuelve a la comunidad tiempo y trabajo, y las instituciones reciben colaboración concreta en áreas que lo necesitan. El cumplimiento se certificará de manera digital y auditable, a través del nuevo Registro Provincial de Trabajo Comunitario.
Uno de los puntos sensibles del proyecto es el tratamiento de las infracciones por alcoholemia. Allí Germán Gómez mantiene una postura firme: continúa la retención de la licencia, la inhabilitación para conducir y la obligatoriedad de programas educativos y terapéuticos. La sustitución de la multa solo será posible de manera excepcional, y únicamente para personas en situación económica comprobablemente vulnerable y sin antecedentes recientes.
El legislador sanrafaelino subraya que el objetivo es evitar que las multas impagables se traduzcan en una suerte de “cárcel por pobreza”. “El Estado no puede imponer obligaciones que resulten inejecutables y terminen deteriorando su propia legitimidad. Una pena debe ser proporcional, cumplible y orientada a educar, no a recaudar”, afirma.
El proyecto incorpora instancias de formación obligatoria en seguridad vial para todos los que ingresen al régimen, de modo que el proceso no se limite a compensar con trabajo, sino que contribuya a modificar conductas y prevenir futuros siniestros. Fija además cupos por institución, garantías laborales y prohibiciones expresas, para evitar abusos o la utilización del trabajo comunitario como reemplazo de empleo formal.
La propuesta busca modernizar el sistema sancionatorio y alinearlo con criterios de justicia social y eficacia real. “El régimen actual castiga más a quien menos tiene y no mejora la seguridad vial. Este proyecto ofrece un camino más justo, cumplible y socialmente útil”, expresa el legislador.
