Polémica por una iniciativa de Cambia Mendoza que podría limitar el acceso a la información pública

Un proyecto presentado por el diputado de Cambia Mendoza, César Cattaneo, generó fuertes críticas por parte de organizaciones civiles. La propuesta busca modificar la Ley N° 9.070 de Acceso a la Información Pública, pero distintos sectores advierten que los cambios implicarían un retroceso en materia de transparencia y control ciudadano.

En los fundamentos de la iniciativa, Cattaneo sostiene que la normativa actual “requiere una revisión puntual para precisar conceptos, agilizar trámites y delimitar excepciones con mayor claridad”. Según el legislador, el objetivo es fortalecer la seguridad jurídica y la efectividad operativa del derecho de acceso a la información.

Sin embargo, desde la Fundación Nuestra Mendoza —organización que impulsó la ley vigente— alertaron que el texto “reintroduce la discrecionalidad funcionaria, elimina el principio de no justificación y agrega barreras burocráticas que contradicen los estándares internacionales”.

El acceso a la información pública, recordaron, es un derecho esencial para la rendición de cuentas y la participación democrática. Para la fundación que encabeza el sociólogo Facundo Heras, la propuesta parte de un diagnóstico equivocado: “Supone un abuso de solicitudes ciudadanas, cuando el verdadero problema es el incumplimiento de la Transparencia Activa por parte del Estado”.

“En lugar de fortalecer el derecho a preguntar, el proyecto busca restringirlo”, añadieron.

Los puntos más cuestionados

Fin del principio de “no justificación”
El texto elimina el inciso (d) del artículo 9 de la ley vigente —que garantiza el derecho a no justificar los pedidos de información— e introduce la obligación de explicar el motivo de la solicitud. Según la fundación, esto convierte un derecho universal en una concesión sujeta a la decisión de un funcionario.

Nuevas trabas burocráticas
La iniciativa exige que las personas jurídicas presenten poderes legalizados para acceder a información pública, lo que —según los críticos— genera costos, demoras y desalienta el control ciudadano, especialmente de periodistas y organizaciones sociales.

Aumento de la discrecionalidad
La redacción incorpora términos ambiguos, como “cuestiones netamente domésticas y banales” o “apartamiento del principio de buena fe”, lo que otorgaría margen a la administración para negar pedidos de información sin criterios claros.

Desconexión con los estándares nacionales e internacionales
Desde Nuestra Mendoza señalaron que el proyecto podría dejar a la provincia “en una situación de ilegalidad” frente a leyes y compromisos vigentes:

• Contraviene la Ley Nacional 27.275, que prohíbe exigir motivos para los pedidos de información.
• Se aparta de la Ley Modelo Interamericana 2.0 de la OEA, que promueve la máxima divulgación.
• Choca con los compromisos de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP), que busca ampliar los derechos ciudadanos.

Reclamo por el retiro del proyecto

“La modernización del sistema debe enfocarse en aumentar las respuestas, no en limitar las preguntas”, enfatizaron desde la fundación. Además, sostuvieron que el cumplimiento estricto de la Transparencia Activa reduciría naturalmente las solicitudes ciudadanas, sin necesidad de imponer nuevas restricciones.

Finalmente, la organización pidió el retiro del proyecto E-87484 y propuso convocar a una mesa de diálogo amplia y participativa para evitar lo que califican como “un retroceso histórico en materia de transparencia institucional”.