Tras el fallo de la Corte, la Justicia se alista para subastar bienes millonarios vinculados a Cristina Kirchner
La Justicia busca rematar bienes de los Kirchner y Báez tras el fallo de la Corte que confirmó la condena por defraudación al Estado.
Luego de que la Corte Suprema ratificara la condena en la causa Vialidad contra Cristina Fernández de Kirchner, la Justicia se encamina a recuperar parte de los fondos defraudados al Estado mediante la ejecución de bienes pertenecientes a la exmandataria y su entorno.
El fiscal federal Diego Luciani solicitará en los próximos días que los condenados, entre ellos la propia Cristina Kirchner y el empresario Lázaro Báez, restituyan el dinero malversado, estimado en aproximadamente 85 mil millones de pesos. De no cumplirse con esa devolución en un plazo de diez días hábiles, podrían avanzar con la subasta de numerosos activos.
Según informó TN, están bajo la lupa más de 20 propiedades, además de cuentas bancarias y empresas familiares. Entre los bienes susceptibles de ser rematados se encuentran 27 inmuebles, cinco cocheras ubicadas en el exclusivo complejo Madero Center y las firmas Hotesur y Los Sauces, que administran hoteles y otras propiedades.
También podrían ser ejecutados activos a nombre de los hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia Kirchner, ya que parte del patrimonio habría sido transferido a ellos. En este contexto, la Justicia mantiene retenidos 4,6 millones de dólares pertenecientes a Florencia, alojados en Hotesur, y un millón más depositado en una cuenta a su nombre.
En paralelo, Lázaro Báez enfrenta la posible liquidación de al menos 60 propiedades, muchas de ellas ubicadas en el sur del país, lo que refleja la magnitud de la maniobra defraudatoria. La acusación sostiene que la mitad de las obras viales adjudicadas a sus empresas fueron abandonadas, a pesar de haber cobrado los contratos en su totalidad. El avance de ejecución promedio oscila entre el 16% y el 36%.
El reclamo del Estado para que los condenados respondan con sus patrimonios se había mantenido estancado durante la gestión de Alberto Fernández, pero ahora toma nuevo impulso tras el fallo definitivo del máximo tribunal.
En un caso paralelo que también pone el foco en el uso irregular de fondos públicos, se denunció esta semana que el exreferente de La Cámpora, José Ottavis, creó en Corrientes una asociación civil denominada “Amarte Argentina”, que habría recibido 11 mil millones de pesos del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para obras que no fueron concluidas. A modo de comparación, el monto reclamado en la causa Vialidad multiplica por ocho esa cifra.
