La sesión de este miércoles en el Concejo Deliberante de San Rafael no fue una más. La situación del concejal libertario Martín Antolín, detenido días atrás por conducir con 1,15 g/L de alcohol en sangre, terminó derivando en una de las discusiones más intensas del año y dejó al descubierto la fractura política del recinto, la lógica de oportunismo y una evidente puja por el costo político del caso.

El PJ pidió suspenderlo por un mes, pero los radicales bloquearon la medida

El bloque del PJ, con la intervención de Pamela Torres, propuso suspender a Antolín por 30 días sin goce de haberes. La medida requería mayoría especial —dos tercios— pero fue rechazada por la UCR-FCM, que optó por no acompañar la iniciativa.

La sorpresa, sin embargo, fue otra: mientras el justicialismo pedía una sanción concreta y posible, el bloque radical reclamó la destitución del concejal libertario. El planteo fue rápidamente cuestionado por improcedente: la alcoholemia positiva es una contravención vial, no un delito, y no encuadra dentro de las causales de remoción previstas por ley.

Tras casi una hora de discusiones, acusaciones y maniobras parlamentarias, el cuerpo acordó finalmente la creación de una comisión especial que analizará la conducta del edil y emitirá un dictamen.

Antolín pidió disculpas… y encendió fuego cruzado

En su intervención, Martín Antolín se disculpó públicamente con la ciudadanía y reconoció la gravedad de su accionar.
Pero después apuntó con dureza a la UCR-FCM, acusando al bloque de actuar con “doble moral” al exigir su destitución cuando —recordó— no hicieron lo mismo en varios casos recientes de alcoholemia que involucraron a altos referentes del radicalismo.

Enumeró tres episodios puntuales:

• Dalmiro Garay, presidente de la Suprema Corte, detectado con alcoholemia positiva en 2023 y recientemente reelecto por unanimidad sin objeciones.
• Flavia Dalmau, diputada provincial, involucrada en un control positivo.
• Miqueas Burgoa, concejal de Guaymallén, detenido en General Alvear con entre 1,20 y 1,25 g/L de alcohol y sin licencia, episodio que desató un escándalo provincial. Pese a eso, el Concejo de su departamento bloqueó cualquier intento de sanción.

A eso sumó críticas a la vicegobernadora Hebe Casado, quien había pedido públicamente su renuncia. Antolín recordó polémicas previas de la funcionaria: sus comentarios sobre niños autistas y pirotecnia; la entrega de una vivienda del IPV a su socia y directora del Schestakow, Gabriela Funes; y la designación como asesora de su podóloga, con un salario superior a los tres millones de pesos.
“Los militantes de la ficha limpia hicieron silencio total”, remató.

Lo que expuso esta sesión

La jornada dejó varios elementos al descubierto:

1. La disputa política fue más fuerte que la discusión institucional

El radicalismo pidió una sanción imposible de aplicar; el PJ propuso una sanción viable pero insuficiente para la UCR. El resultado: ninguna de las dos cosas.

2. El caso Antolín se volvió un tablero para cobrar viejas facturas

Lo que podría haber sido un tratamiento administrativo —y hasta ejemplificador— se transformó en una batalla de acusaciones cruzadas, donde la discusión sobre alcoholemia quedó en segundo plano.

3. La comisión creada funciona como un “estacionamiento político”

Es un mecanismo clásico cuando no hay acuerdo. Significa: postergar sin resolver.
La experiencia indica que las comisiones rara vez derivan en sanciones duras.

4. El antecedente de otros funcionarios pesa más de lo que se admite

El reclamo de “doble vara” que planteó Antolín no es un dato menor:
la provincia viene acumulando casos de alcoholemia en funcionarios —Teves, Burgoa, Dalmau, Garay, Ochoa— con sanciones desiguales y reacciones políticas selectivas.

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OPINIÓN: qué deja este caso y por qué importa más de lo que parece

Lo que ocurrió este miércoles en el Concejo Deliberante es un síntoma claro de un problema estructural en Mendoza: la responsabilidad pública se aplica según quién sea el protagonista y no según la gravedad del hecho.

El manejo alcoholizado de un funcionario es grave, inadmisible y debe tener consecuencias.
Pero en este caso coincidieron dos hechos que terminaron distorsionando la discusión:

A) Un error personal real (y reconocido) de Antolín

El concejal cometió una grave falta, pidió disculpas y aceptó las sanciones legales. Eso corresponde.

B) Un uso político sin límites por parte de sus adversarios

La UCR-FCM pidió una destitución que sabían que no correspondía jurídicamente.
Fue una jugada política, no institucional.

Cuando la política usa el error de un actor para esconder los propios, la discusión pierde legitimidad.

Y es cierto lo que planteó Antolín:

el radicalismo no exigió sanciones similares para Garay, Burgoa o Dalmau, casos incluso más graves en términos de antecedentes y poder institucional.

Esa incoherencia erosiona la credibilidad de cualquier reclamo ético.
Y es también la razón por la cual la sociedad mira estos debates con sospecha:
la moral se aplica según el color político del involucrado.

La lectura es clara:

la sanción adecuada era la suspensión propuesta por el PJ —proporcional y aplicable—, complementada con un mensaje unificado hacia la ciudadanía sobre la responsabilidad de los funcionarios.

Pero eso no ocurrió porque:

• la UCR intentó capitalizar el episodio,
• el PJ buscó una sanción razonable pero sin negociar,
• y el libertario contraatacó políticamente en lugar de limitarse a responder institucionalmente.

Con este cóctel, el final era previsible:
una comisión que estira los tiempos, baja la intensidad mediática y evita un costo directo para todos los bloques.

Y mientras tanto, el mensaje hacia la ciudadanía es difuso:

parece que lo grave no es manejar alcoholizado, sino de qué partido sos cuando lo hacés.