Privatizan AySA para conseguir dólares y recuperar reservas: temen tarifazos y cortes de servicio

El Gobierno busca vender AySA para atraer divisas. Preocupan los aumentos, el corte a morosos y la pérdida del acceso al agua como derecho.

En una movida que remite a las políticas de los años 90, el Gobierno nacional anunció este viernes el inicio del proceso para privatizar AySA (Agua y Saneamientos Argentinos), en un intento urgente por atraer dólares frescos y recomponer reservas. La decisión implica ceder al capital privado el control de una empresa que abastece a más de 15 millones de personas, generando preocupación por posibles aumentos en las tarifas, restricciones para usuarios en mora y una pérdida del enfoque social del servicio.

Actualmente, AySA funciona bajo un esquema mixto: el Estado es dueño de los activos, mientras la empresa opera la gestión. Sin embargo, con la nueva propuesta, tanto la operación como el patrimonio quedarían en manos privadas, algo poco habitual incluso en procesos de concesión. La medida fue anunciada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien informó que “se incorporará capital privado mediante la transferencia del 90 por ciento de las acciones de la empresa”, mientras que el 10% restante será para los empleados, bajo el Programa de Propiedad Participada.

La venta incluirá una licitación pública nacional e internacional para seleccionar un operador estratégico, junto a una oferta en la Bolsa de Comercio para ampliar el ingreso de inversores.

Entre los puntos más polémicos del proyecto, trascendió que se habilitaría el corte del servicio a hogares que acumulen deudas, se aplicarían ajustes tarifarios trimestrales en línea con la inflación, y las obras de infraestructura pasarían a ser costeadas por los usuarios a través de las boletas.

“Privatizar significa poner la gestión del agua en función del lucro. Es esperable que suban tarifas, se prioricen zonas rentables y se achique personal. El agua deja de ser un derecho para convertirse en un negocio”, alertó el abogado Pablo Serdán.

Un déjà vu noventista

La experiencia previa no deja buenos recuerdos. En 1993, bajo el mandato de Carlos Menem, la empresa fue concedida al grupo francés Suez. Durante esa gestión, se autorizó una revisión tarifaria “extraordinaria”, y luego se renegoció el contrato permitiendo dolarizar las tarifas. Aunque las ganancias fueron abultadas, las obras comprometidas jamás se realizaron y el servicio se deterioró gravemente.

“Aguas Argentinas abastecía a la Capital trayendo agua del Río de la Plata –en lugar de hacer obras para extraer aguas de las napas–, y esto llenaba el acuífero del Riachuelo hasta taparlo y contaminarlo”, explicó Osvaldo Bassano, titular de la Asociación de Defensa de Derechos de Usuarios y Consumidores. Además, la presión del agua era deficiente, los cortes frecuentes, y no había tratamiento adecuado para los desechos industriales.

Recién en 2006, con la estatización impulsada por Néstor Kirchner, se puso en marcha un ambicioso plan de obras. Se construyó la planta de Berazategui, se amplió la cobertura al conurbano y se alcanzó al 83% de la población con agua potable y al 63% con cloacas. Entre 2006 y 2013, se invirtieron 25 mil millones de pesos y más de dos millones de personas accedieron por primera vez al servicio.

Incertidumbre para los usuarios

Hoy, las boletas de AySA ya vienen creciendo por encima de la inflación. En lo que va de 2024, los incrementos acumulan un 331%, según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-Conicet). Sin embargo, se mantuvieron beneficios como la tarifa social y un subsidio del 15% para los sectores de menores ingresos.

Con la privatización, no está claro qué pasará con los usuarios que tienen deudas o acceden a planes especiales. “El Estado se quiere desligar de todo el dinero que tiene que poner para mantener el servicio –que es esencial– y que sea la gente la que financie la ecuación económica y financiera a las empresas”, advirtió Claudio Boada, presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. También señaló que podrían cambiar las condiciones actuales para acceder a la tarifa social o renegociar deudas.

Boada también cuestionó el achique de estructuras físicas: se cerraron varias oficinas en el Gran Buenos Aires y se reemplazaron por atención virtual. “Y hablamos solamente de los costos de operación y mantenimiento del servicio, estos van a presentar mayores aumentos pero no habrá obras para la extensión del servicio o el mantenimiento de la infraestructura, tan necesaria para la buena presión del agua en barrios donde hay carencias”, remarcó.

Para Bassano, no hay chances de que esta privatización sea beneficiosa para los consumidores: “Una empresa privada necesita garantizarse rentabilidad, y mucho más ahora que en la década del 90, cuando había mayor liquidez internacional. Hoy la inversión está parada en el mundo y hay que hacer un gran esfuerzo para cautivar a los empresarios”, concluyó.

La iniciativa deja muchas preguntas abiertas, en especial para quienes dependen de un recurso tan esencial como el agua. El temor no es menor: que se repita la historia ya conocida de tarifas impagables, servicios deficientes y exclusión.