Piden declarar la emergencia en discapacidad en Mendoza
El diputado Gustavo Perret presentó un proyecto de Ley para declarar la Emergencia Provincial en Discapacidad en Mendoza, por el término de 24 meses.

La iniciativa, en respuesta a la crisis financiera que atraviesa el sistema de prestaciones, busca garantizar la continuidad de tratamientos, terapias y servicios esenciales para personas con discapacidad.
En los fundamentos del proyecto, el legislador sanrafaelino describe una situación crítica derivada de la interrupción y demora en los pagos por parte de organismos nacionales, lo que genera una ruptura en la cadena de financiamiento. “Centros terapéuticos, hogares y espacios de rehabilitación, acumulan deudas millonarias desde noviembre del año pasado, y muchos han debido sostenerse con recursos propios que ya se encuentran prácticamente agotados”.
Añadió que “el impacto de esta crisis no se limita sólo a lo económico, ya que cientos de personas con discapacidad dependen diariamente de estos servicios para acceder a atención profesional, inclusión social y acompañamiento”.
En muchos casos, las instituciones cumplen una función de contención permanente para quienes no cuentan con redes familiares, lo que agrava el riesgo ante eventuales cierres o interrupción de actividades.
El proyecto de Ley pone también el foco en la situación de los trabajadores del sector, que llevan meses sin cobrar sus salarios completos, y en el desfasaje de los aranceles de las prestaciones que se encuentran por debajo del 50 por ciento de los valores actualizados.
“La provincia de Mendoza no adhirió a la Ley de Emergencia en Discapacidad, pese a tener la obligación de ejecutar y garantizar las políticas de discapacidad sin excusa presupuestaria, según los convenios internacionales y leyes nacionales”, indicó el diputado Perret.
Para hacer frente a esta emergencia, la iniciativa propone la creación de un Fondo Provincial de Sostenimiento del Sistema de Prestaciones para Personas con Discapacidad, y contempla la conformación de una Mesa Provincial de Emergencia, que reúna a autoridades, prestadores y organizaciones del sector, para monitorear la situación y coordinar respuestas.
El proyecto faculta al Poder Ejecutivo a realizar adecuaciones presupuestarias y a gestionar, ante el Estado Nacional, el recupero de los fondos destinados a sostener el sistema.



