Padres bajo responsabilidad: Mendoza sanciona la inacción frente al bullying escolar

La provincia de Mendoza puso en vigencia un nuevo marco legal que apunta a reforzar la prevención del acoso escolar. Se trata de la Ley Nº 9682, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que incorpora contravenciones específicas para padres, madres y tutores que, aun estando debidamente notificados, no intervengan para frenar situaciones de bullying protagonizadas por sus hijos.

La norma modifica el Código de Contravenciones provincial mediante la incorporación de los artículos 100 bis, 100 ter y 100 quater, dentro del capítulo vinculado a faltas contra la moral, las buenas costumbres, la solidaridad y la educación. El objetivo es dar una herramienta legal frente a la falta de acompañamiento adulto en episodios de violencia escolar.

Multas, tareas comunitarias y uso de los recursos

Según lo establecido, los responsables legales podrán ser sancionados con multas que van de 1.500 a 3.000 Unidades Fiscales o con la realización de tareas educativas o comunitarias por un plazo máximo de 30 días, en función de la gravedad de cada caso. El dinero recaudado será destinado a un fondo provincial para la prevención del bullying, la asistencia a las víctimas y el fortalecimiento de bibliotecas populares.

Cómo será el procedimiento

La intervención inicial estará a cargo de la autoridad escolar, que deberá aplicar los protocolos vigentes ante situaciones de acoso. Si no se logra revertir la conducta por falta de comparecencia, escasa colaboración o incumplimiento de los adultos responsables, el caso será elevado al Juzgado Contravencional correspondiente.

La ley también prevé excepciones, como aquellas situaciones en las que los progenitores estén privados de la responsabilidad parental, no tengan el cuidado personal del menor o existan resoluciones judiciales que les impidan intervenir en su crianza.

Un enfoque preventivo e integral

Con esta legislación, el Gobierno de Mendoza busca fortalecer la prevención del bullying escolar, promover la corresponsabilidad de las familias y consolidar un abordaje integral que garantice la protección de niños, niñas y adolescentes dentro del ámbito educativo.