Pablo Sarale: el operador oculto de Cornejo que maneja la pauta, presiona medios y acumula denuncias

En Mendoza hay un funcionario cuyo nombre pocas veces aparece en primera plana, pero cuyo poder real se percibe en cada gesto del gobierno provincial. Se trata de Pablo Sarale, el hombre que maneja la comunicación oficial como si se tratara de un patrimonio personal y que, con aval político directo, se ha convertido en la mano derecha de Alfredo Cornejo en materia mediática.

Aunque su título formal es el de Subsecretario de Comunicación Social, Prensa y Protocolo, en los hechos Sarale opera como el guardián de la pauta oficial, el mediador ante los medios y el ejecutor de la estrategia comunicacional más férrea que ha tenido el cornejismo.

Para buena parte de la prensa independiente, Sarale no es sólo un funcionario: es el rostro visible de un sistema de control que decide quién tiene voz y quién debe callar.

La pauta oficial como arma política

Desde su oficina se administra uno de los presupuestos más sensibles del Estado: el destinado a publicidad, difusión institucional y contratación de consultoras privadas.

En los últimos años, los montos asignados alcanzaron cifras multimillonarias y –según investigaciones periodísticas y denuncias públicas– la distribución habría sido discrecional, sin criterios claros ni controles adecuados.

Medios críticos lo han acusado de utilizar la pauta:

• para reforzar medios alineados al gobierno,
• para presionar a quienes cuestionan la gestión,
• y para favorecer un circuito de consultoras amigas, a las que llegan contratos millonarios sin demasiadas explicaciones sobre los servicios prestados.

Ese dominio del presupuesto comunicacional, sumado al manejo del acceso a la información, le otorgó un nivel de influencia que excede ampliamente la función administrativa.

Las causas judiciales que lo persiguen

Sarale no sólo arrastra críticas políticas: también aparece mencionado en denuncias penales e investigaciones judiciales por el manejo de fondos públicos.

Entre los puntos que hoy lo rodean:

• Denuncias por presunta malversación de fondos vinculadas a gastos de comunicación y publicidad del gobierno provincial, especialmente durante la organización de eventos oficiales como la Fiesta Nacional de la Vendimia.
• Presentaciones judiciales que solicitan su citación para que explique el destino de millones de pesos en pauta oficial, distribuidos entre consultoras privadas sin licitaciones abiertas.
• Reclamos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza, que en 2025 exigió documentación completa sobre contrataciones gestionadas desde su área. El Ejecutivo, según revelaron medios locales, se habría negado reiteradamente a entregar esos contratos, generando aún más sospechas.

Si bien no existen fallos condenatorios en su contra, la sola cantidad de señalamientos, pedidos de informes y denuncias públicas lo coloca en el centro de un entramado que, al menos, amerita transparencia inmediata.

El operador mediático que decide quién vive y quién calla

Periodistas de distintos medios coinciden en describir a Sarale como el funcionario que decide qué preguntas se responden, quién entra a una actividad oficial y qué medios reciben publicidad estatal.

Quienes trabajan en redacciones de Mendoza conocen bien su nombre: es el número que aparece cuando un artículo molesta al gobierno. Su figura genera temor y silencio, porque controla el presupuesto que puede sostener –o asfixiar– económicamente a cualquier medio local.

Esa capacidad de presión es lo que lo convierte, para sus críticos, en uno de los funcionarios más peligrosos del esquema cornejista: actúa en las sombras, con poder económico, político y comunicacional, y sin controles que equilibren esos privilegios.

El eslabón débil del cornejismo: ¿hasta cuándo puede ocultar los papeles?

Pablo Sarale es, para muchos, la pieza clave del dispositivo de control comunicacional del gobierno de Mendoza. Su cercanía con Alfredo Cornejo, su manejo reservado de fondos públicos y los cuestionamientos judiciales que lo rodean lo posicionan como uno de los actores más influyentes –y controvertidos– de la política provincial.

Si la Justicia avanza y si la documentación finalmente sale a la luz, podría quedar al descubierto la estructura completa que sostiene el sistema de pauta oficial en Mendoza, un mecanismo que durante años funcionó bajo su supervisión.

Y es allí donde Sarale tiene más para perder: en la transparencia que él mismo evitó promover.