La improvisación de la DGE pone en riesgo a docentes y alumnos: basta de decisiones de último momento

La historia se repite una y otra vez y ya no puede justificarse. Cada vez que las condiciones climáticas son adversas, la Dirección General de Escuelas (DGE) demuestra una preocupante falta de planificación y de respeto hacia quienes sostienen el sistema educativo.

Este miércoles, como consecuencia de la ola polar que afecta a gran parte de Mendoza, la DGE anunció durante la noche del martes la suspensión de clases presenciales para el turno mañana en distintos departamentos. Una decisión lógica frente a las bajas temperaturas, las nevadas y el estado de las rutas.

Sin embargo, el verdadero problema aparece, como ocurre casi siempre, con el turno tarde.

Lejos de anticipar una decisión cuando los pronósticos meteorológicos son claros desde hace días, la DGE acostumbra esperar hasta el mediodía —o incluso pasado ese horario— para informar si las actividades se suspenden. Mientras tanto, cientos de docentes y estudiantes ya emprendieron viaje hacia sus escuelas.

La realidad del sur mendocino dista mucho de la comodidad de un escritorio en la capital provincial. Hay docentes que todos los días recorren decenas e incluso cientos de kilómetros para llegar a trabajar. Existen casos de profesionales que viajan desde San Rafael hasta Malargüe, o hacia otros distritos alejados, utilizando el transporte público porque no cuentan con otra alternativa.

La consecuencia de la improvisación oficial es tan absurda como indignante: muchos docentes ya están arriba del colectivo cuando finalmente llega el comunicado de la DGE anunciando la suspensión del turno tarde. Deben bajarse en medio del recorrido, esperar otro colectivo para regresar y perder horas de viaje, dinero y exponerse innecesariamente a temperaturas bajo cero y rutas peligrosas.

Este miércoles la nieve cae con intensidad sobre San Rafael y las condiciones de circulación distan de ser las ideales. Sin embargo, quienes deben trasladarse continúan esperando una decisión oficial que debería haberse tomado con suficiente anticipación.

Y no solamente viajan docentes.

También lo hacen cientos de alumnos, muchos de ellos menores de edad, que dependen del transporte público o de que sus familias recorran largas distancias para llevarlos a la escuela. Cada demora en comunicar una suspensión significa más vehículos circulando sobre rutas complicadas, más colectivos transitando bajo condiciones extremas y más personas expuestas a riesgos completamente evitables.

Lo más grave es que esta situación no constituye una excepción. Se ha convertido en una práctica habitual.

Resulta incomprensible que, en tiempos donde existen pronósticos meteorológicos precisos con varias horas e incluso días de anticipación, la DGE siga actuando como si el clima sorprendiera de un momento para otro. La prevención debería ser una política de Estado y no una reacción tardía cuando miles de personas ya están viajando.

Como si todo esto fuera poco, quienes intentan obtener información oficial se encuentran con otro problema inadmisible: los números telefónicos publicados por la propia Dirección General de Escuelas aparecen fuera de servicio. Es decir, cuando más se necesita una respuesta del organismo responsable, simplemente no hay nadie que atienda ni canales efectivos para brindar certezas.

Esta forma de gestionar transmite un mensaje preocupante: que el tiempo, el esfuerzo y, sobre todo, la seguridad de docentes, alumnos y familias parecen ocupar un lugar secundario dentro de las prioridades del Gobierno provincial.

La sensación de desvalorización no es nueva. Desde hace años distintos sectores del Estado provincial —docentes, personal de salud, policías y otros trabajadores públicos— denuncian salarios insuficientes y decisiones tomadas sin contemplar la realidad cotidiana de quienes sostienen los servicios esenciales. La falta de previsión frente a situaciones climáticas extremas parece ser otro ejemplo de esa desconexión.

Nadie pretende que las autoridades controlen el clima. Lo que sí se les exige es algo mucho más simple: planificación, responsabilidad y respeto.

Cuando la seguridad de miles de mendocinos depende de una decisión administrativa, esa decisión no puede seguir tomándose cuando los colectivos ya salieron, cuando los docentes ya están en la ruta o cuando los alumnos ya emprendieron viaje.

La DGE tiene la obligación de actuar con anticipación y de garantizar información clara y oportuna. Porque detrás de cada comunicado tardío hay personas que arriesgan su integridad física por una improvisación que hace tiempo dejó de ser un error aislado para transformarse en una inadmisible forma de gestionar.