La Iglesia se opone a bajar la edad de imputabilidad: “Encerrar a un chico no resuelve la raíz del problema”

En medio del tratamiento legislativo para reducir de 16 a 14 años la edad de imputabilidad penal, la Iglesia Católica Argentina expresó su rechazo a esta medida impulsada por el oficialismo y acompañada por sectores aliados en el Congreso.

El obispo de La Rioja y presidente de la Comisión de Pastoral Social, monseñor Dante Braida, manifestó su preocupación en una entrevista con Infobae, al señalar: “No nos parece que bajar la edad sea lo adecuado. Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

El proyecto, que será debatido esta semana en una reunión plenaria de comisiones de Diputados, logró un texto consensuado que fija la nueva edad en 14 años —en lugar de los 13 que proponía originalmente el Ejecutivo— y avanza con apoyo de bloques como la UCR, el PRO, el MID y otras bancadas menores.

Ante este panorama, Braida subrayó que la problemática de la delincuencia juvenil no debe enfrentarse únicamente desde una lógica punitiva. “Creemos que es una realidad que hay que abordarla de una manera amplia, multisectorial, para ir a las causas de por qué una persona tan pequeña en edad podría llegar a estas instancias de delitos tan graves”, afirmó.

Además, sostuvo que “no creemos que la solución sea lo penal, sino más bien ofrecer instancias de recuperación y de prevención”, y advirtió que muchos adolescentes que atraviesan situaciones conflictivas requieren contención y alternativas concretas: “Lo que necesitan estos chicos es oportunidades”.

Desde la Iglesia también remarcaron las dificultades del sistema penitenciario actual, sobre el cual Braida alertó: “Nuestros regímenes penitenciarios están abarrotados y muchas veces en las cárceles se potencian las problemáticas”. Por ello, insistió: “Poner en situación de encierro a un chico no soluciona el problema de raíz”.

El obispo también coincidió con legisladores que han marcado la falta de infraestructura adecuada para albergar a menores en conflicto con la ley, ya que ninguno de los proyectos en discusión contempla fondos específicos para construir centros de detención juveniles.

En ese marco, Braida dirigió un mensaje al presidente Javier Milei y a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: “Que puedan dar tiempo para que todos los sectores sociales puedan dar su opinión y también aportar propuestas diversas para atacar realmente el problema, yendo a las causas”.

Finalmente, destacó que la visión de la Iglesia no es aislada: “Es una posición que no es solo de la Iglesia, sino también de muchas organizaciones”. E hizo un llamado a no apresurarse en decisiones de fondo: “El problema requiere tiempo y una apertura a un abordaje más amplio”. Volvió a exhortar al Gobierno a abrir el debate: “Necesitamos que muchas más voces se expresen, porque eso también nos va a iluminar por dónde tenemos que ir”.