Hubo una manifestación “en defensa de los Institutos de Educación Superior”

Un grupo de estudiantes, docentes y directivos de distintas instituciones educativas de nivel superior se reunieron en la plaza San Martín a fin de firmar un documento y hacer sentir un reclamo a la comunidad.

La Dirección General de Escuelas propuso un ingreso restricto a las carreras de formación docente, lo que despertó fuertes quejas de gremios relacionados.

Este viernes junto al mástil de la plaza San Martín se realizó una reunión en la que se leyó un documento en el que se explica que los institutos de educación superior sostienen como fortalezas institucionales la autonomía de los órganos colegiados de los IES en la toma de decisiones respecto a la de Educación Superior; el desarrollo de acciones para acompañar la trayectoria de los/las estudiantes del Nivel Superior, focalizando en ingreso y permanencia; que las carreras que ofrecen los IES es diversa sin superposición de oferta territorial, funcionan como estrategia de movilidad social e impactan en los entornos educativos y socio-productivos para los que se forma.

Explican que rechazan el ingreso restricto propuesto por la DGE porque “no respeta la normativa legal vigente, tanto nacional como jurisdiccional, que promueve formas de ingreso que no sean selectivas, discriminatorias, ni eliminatorias para acceder a los estudios superiores”. “La Constitución Nacional en su Art. 14 establece que todos los habitantes de la nación gozan del derecho de enseñar y aprender”, especifican.

Autoridades presentes en la plaza adelantaron públicamente, que continuarán inscribiendo a aquellos que se acerquen para comenzar a cursar en 2018, tal como lo venían haciendo hasta ahora.

Aquí el resto del documento leído y firmado por los docentes:

Asimismo la Ley 26.206 de Educación Nacional establece:

● ARTÍCULO 4°.- El Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias.

● ARTÍCULO 6°.- El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado Nacional, las Provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4° de esta ley; los municipios, las confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como agente natural y primario.

● ARTÍCULO 7°.- El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con crecimiento económico y justicia social.

● Art. 11, inc. h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de gestión estatal, en todos los niveles y modalidades.

Ley de Educación Superior 24.521. Esta ley está mencionada en el PowerPoint con el cual el equipo de la Dirección de Educación Superior presentó el Plan ‘Elegir la docencia’ como un marco normativo que permite llevar adelante la propuesta. Resulta llamativa esta interpretación, ya que los artículos mencionados claramente invitan a pensar lo contrario:

● Art 2, inc. a) Garantizar la igualdad de oportunidades y condiciones en el acceso, la permanencia, la graduación y el egreso en las distintas alternativas y trayectorias educativas del nivel para todos quienes lo requieran y reúnan las condiciones legales establecidas en esta ley; (no se mencionan condiciones intelectuales ni de ningún otrotipo, son legales claramente)

● ARTÍCULO 7º — Todas las personas que aprueben la educación secundaria pueden ingresar de manera libre e irrestricta a la enseñanza de grado en el nivel de educación superior. Excepcionalmente, los mayores de veinticinco (25) años que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que las provincias , la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, que tienen preparación o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente.

● Este ingreso debe ser complementado mediante los procesos de nivelación y orientación profesional y vocacional que cada institución de educación superior debe constituir, pero que en ningún caso debe tener un carácter selectivo excluyente o discriminador.

Interrumpe procesos y políticas de ingreso ya iniciadas en el presente año para el ciclo 2018, con los avales pertinentes de los Consejos Directivos de cada institución, tal como prescribe el marco normativo referido.

2. No contempla las trayectorias reales de los estudiantes, en tanto el examen propuesto es estandarizado, al estilo de las evaluaciones internacionales, midiendo capacidades con un criterio resultadista y desconociendo qué capacidades y competencias se desarrollan de manera paulatina a lo largo del proceso formador. Además, al hablar de trayectorias reales, los Institutos diseñan acciones de ingreso y de acompañamiento que contemplan otros aspectos como lo sociocultural, las características del territorio del que procede el/la estudiante y su potencia perfectibilidad.

3. Atenta contra la autonomía académica del nivel, ya que la Ley Provincial de Educación prevé que estas acciones estén a cargo de los Consejos Académico y Directivo del nivel, lo que avala la Res. 30-CFE y leyes antes mencionadas, Art. 7.

4. No considera la particularidad de los/las mayores de 25 años que, por diferentes circunstancias, no finalizaron el trayecto secundario. Esta gente, por cuestiones etarias, no fue formada en capacidades si en contenidos y no fueron alcanzados por evaluaciones sistémicas por el operativo Aprender.

5. Se desconocen los criterios pedagógicos, didácticos y epistemológicos de evaluación, así como la construcción del instrumento. Asimismo se vincula el concepto del ingreso con un “examen” y no con un proceso de aprendizaje, situado, progresivo y secuenciado, que contemple instancias previas de formación para el mismo.

6. Presupone una homogenización respecto a las capacidades, sin reconocer la diversidad de estudiantes, la propuesta formativa y el entorno educativo y socio productivo para el que se forma.

7. Se advierte un control de matrícula encubierto, a través de la centralización del examen, sin que se haya explicitado el por qué ni el para qué del mismo.

8. No garantiza la continuidad en el sistema para aquellos/as ingresantes que rindan bien, ya que trasciende que debería haber un número mínimo de aspirantes (entre 18 y 24) para la apertura de la carrera.

9. Repite modelos como los del operativo Aprender que no ha tenido impacto en los procesos formativos.

10. Desconoce la trayectoria académica de los IES en cada territorio, ya que la mayor influencia de la población estudiantil proviene de los distritos y de zonas alejadas a los institutos, convirtiendo a las instituciones de nivel superior en una estrategia de movilidad social ascendente y contribuye a la mejora de la calidad de vida departamental.

11. Desconoce la particularidad de un proceso de ingreso integral en sus tres componentes (ambientador, nivelatorio e introductorio) y presupone estas competencias como “universales” para la formación de diferentes profesorados y tecnicaturas, y sin adecuación a las características de los ingresos a nivel institucional y provincial.

12. Desarticula de manera abrupta la continuidad de políticas públicas sustentadas a lo largo de la historia, desde la creación de los IES.

¿Por qué discutimos la forma que pretenden instaurar para el acceso a la docencia en el nivel?

En la reunión mantenida el 21 de noviembre, se manifestó la voluntad desde la DES de unificar y homogeneizar criterios de tabulación y evaluación de lineamientos para los concursos de acceso a la docencia. En principio, preocupan las siguientes cuestiones:

1. El recorte de la autonomía de los Consejos Directivos que son, en la actualidad, quienes avalan los procedimientos institucionales diseñados por los Consejos Académicos según los perfiles docentes prescriptos por las carreras.

2. La falta de reconocimiento de la heterogeneidad que cada instituto sustenta en términos de perfil de egresados que se adecuen a las necesidades territoriales, lo que supone la demanda de docentes y técnicos para el nivel que hayan transitado trayectos formativos acordes a esto.

3. Si bien se pretende dar cumplimiento con la evaluación periódica para revalidar, cada siete años, las titularidades, se desconocen los criterios con los que se confeccionarán estas evaluaciones. Además, correspondería que esta tarea se hiciera desde cada Consejo Directivo y no se siguieran concentrando jurisdiccionalmente, respetando el trabajo institucional.

4. Indirectamente, la tabulación “externa” según criterios ajenos a las realidades de los IES puede implicar que muchos/as profesionales queden fuera del sistema poniendo en juego su estabilidad laboral y profesional.

¿Por qué nos preocupan las manifestaciones vertidas en relación con el plan de desarrollo (Oferta Educativa)?

1. En vez de promover el aprovechamiento de los recursos edilicios del Estado, desconociendo los convenios firmados por los responsables de los mismos y lo fomentado por el Honorable Consejo de la Administración a lo largo de los años; se propone recortar comisiones o carreras en vez de propiciar el uso compartido de edificio cuyo fin es la formación. Es oportuno advertir que el uso compartido de edificios responde a años de falta de financiamiento para la construcción y aplicación de infraestructura para el nivel, y mantenimiento, reequipamiento y garantizar la actualización como fijan las leyes.

2. Si bien estamos de acuerdo con la exigencia de especialización en los/las docentes, insistimos en que la misma deberá garantizarse en el marco de la gratuidad y condiciones que se adecuen al perfeccionamiento durante el desarrollo de la actividad elaborar desde el Estado. Por lo contrario, dejarla librada al azar sería fomentar la mercantilización del perfeccionamiento docente.