Fiscalía pidió 18 años de prisión, multa millonaria e inhabilitación perpetua para el exjuez Walter Bento

La Fiscalía solicitó que el exjuez federal Walter Ricardo Bento sea condenado a 18 años de prisión, junto con el pago de una multa que supera los 752 millones de pesos y la imposición de la inhabilitación absoluta para ejercer cargos públicos durante el tiempo de la condena, además de una inhabilitación perpetua por el delito de enriquecimiento ilícito. El pedido se formuló luego de que el Tribunal Oral lo declarara culpable en el juicio que se le siguió por graves hechos de corrupción.

El Ministerio Público Fiscal reclamó que la multa sea actualizada al momento de su ejecución y fijó su monto en $752.326.756,04. A esto se suma la prohibición total y permanente para ocupar funciones públicas, una sanción que, según la acusación, resulta acorde a la magnitud de los delitos probados durante el proceso.

Días atrás, los jueces consideraron acreditada la responsabilidad penal de Bento en un total de 14 delitos. Entre ellos se encuentran su rol como jefe de una asociación ilícita, ocho hechos de cohecho pasivo, enriquecimiento ilícito y lavado de activos agravado por su condición de funcionario público. También fue hallado culpable por dos hechos de falsedad ideológica y por ocultamiento e inutilización de pruebas. En otros cargos, el Tribunal declaró la prescripción de la acción penal y dictó la absolución en tres hechos puntuales.

Durante el debate, el Tribunal sostuvo que Bento lideraba la organización delictiva y que utilizó su posición institucional para garantizar el funcionamiento del esquema. La acusación puso especial énfasis en que el núcleo de la maniobra ilegal operaba desde el propio Juzgado Federal, particularmente a partir de causas penales tramitadas en el Juzgado N°1, lo que agravó la gravedad de los hechos.

La fiscal María Gloria André remarcó que la causa produjo un profundo daño institucional y afectó seriamente la confianza pública en el Poder Judicial de la Nación. En ese sentido, advirtió que el impacto social del caso resulta difícil de revertir y sostuvo que la conducta del exmagistrado excede ampliamente cualquier supuesto de menor gravedad. Por ese motivo, descartó la posibilidad de aplicar el mínimo de la escala penal y defendió una sanción severa.

A su turno, Diego Velasco, representante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), señaló como circunstancia agravante la formación profesional de Bento. Indicó que su especialización en cuestiones financieras le otorgaba un conocimiento técnico que facilitó la comisión de los delitos investigados.

Según lo expuesto por la acusación, el enriquecimiento injustificado atribuido al exjuez asciende a $6.892.686,04, cifra calculada al momento en que se produjeron los hechos. Ese monto fue incorporado como uno de los elementos centrales para sostener tanto el pedido de condena como la elevada multa solicitada ante el Tribunal.