Empleados estatales mendocinos podrían perder hasta el trabajo sin no pagan sus impuestos

Los empleados públicos de Mendoza no podrán llegar a octubre de este año sin haberse puesto al día con sus impuestos provinciales (inmobiliario, automotor, planes de pago), porque de lo contrario podrían perder sus adicionales como horas extras, o mayor dedicación, o aún podrían caerse los contratos de locación de servicios, para aquellos que ingresan en esa modalidad de relación con el Estado. 

La medida forma parte de una campaña para el cobro de impuestos al empleado público, y a funcionarios, de un modo más o menos coercitivo pero legal, ya que se puede aplicar el descuento compulsivo de impuestos provinciales a empleados públicos, según dicta el Código Fiscal de la provincia.
Muchos funcionarios y empleados recibieron días atrás un mail de ATM, advirtiendo que se venía la campaña de cobro que abarcó a los tres poderes del Estado, incluso docentes, policías y personal de Salud, que estén encuadrados en algunas de las situaciones descritas en el decreto 1267 que firmaron en acuerdo de ministros el gobernador Alfredo Cornejo y su gabinete. El decreto es –simplemente- la extensión de todas las formas de contratación del Estado provincial hasta el 31 de octubre de este año, con nueva prórroga automática hasta el 31 de diciembre, a fin de “no resentir los servicios” que brinda el Estado provincial. Y se refiere a personas adscriptas, contratadas en Planta Temporaria, contratada bajo los sistemas de Locación de Obras o Servicios y Honorarios determinados en Horas Módulo Deportivo (horas cátedra), incorporada en cualquier tipo de adicionales y suplementos, o cualquier combinación de estas modalidades. “Incluye a todas las personas empleadas o que prestan servicios al Estado en cualquiera de estas modalidades” explicó una fuente de la Administración Tributaria Mendoza, cuando se le preguntó si este tipo de cobro compulsivo incluía a docentes, policías y personal de Salud, por mencionar los tres servicios más directos a la población que brinda el Estado provincial.

El asunto es que ese mismo decreto, que no llamó la atención a nadie, incluyó en su artículo 4 la obligatoriedad de estar al día con los impuestos, tal como se ha comunicado ayer a los empleados estatales a través de carteleras en la Casa de Gobierno. El artículo, publicado hace dos semanas en el Boletín Oficial de la Provincia, dice textualmente:

“No podrán ser incluidas en cualquiera de las situaciones descriptas (…), a partir del 01 de noviembre de 2017, aquellas personas que sean deudoras morosas del fisco provincial, mientras no hayan regularizado su situación. Cada una de ellas deberá presentar el “certificado de libre deuda” de impuestos provinciales actualizado o plan de pago vigente”. Más claro, imposible. Hay que estar al día con el impuesto, si se es empleado del Estado. O si se quiere mantener el contrato, la adscripción, o cualquier otro tipo de contratación y adicionales de cualquier especie. Hay que pagar a ATM.

El sistema de cobro compulsivo es habitual dos veces al año a funcionarios, según explicó una fuente de ATM. Sin embargo, hace un año, la morosidad de los funcionarios políticos del gobierno llamó la atención en el peronismo. Y el diputado Lucas Ilardo presentó un proyecto de ley para que se les descuente del sueldo la suma adeudadas en concepto de impuesto automotor e inmobiliario. El “escrache” que vino de la mano de aquel proyecto fue en grande, y Conejo mandó a todo el mundo a pagar los impuestos adeudados en 24 horas.

El proyecto de Ilardo nunca se trató. “No hace falta… están el Código Fiscal y el decreto de prórroga automática… estamos habilitados a descontarles” dijo una fuente del gobierno.

El aviso

Ayer, la Casa de Gobierno apareció con cartelitos indicando a los empleados, que había que presentar un “libre deuda”, con fecha tope 16 de octubre, so pena de quedarse incluso sin el trabajo. La advertencia suena dura, pero la verdad es que está contemplada en el decreto 1267, el más consultado en las últimas horas por los empleados públicos de la provincia. Esta es la advertencia, colocada por la oficina estatal de liquidación de haberes: 

Ahora, los miles de empleados que revista en algunas de las situaciones incluidas en las prórrogas de contratos, deberán ingresar a la página de ATM, generar un usuario de la “Oficina virtual”, y navegar cada uno de los módulos para contrastar la situación tributaria de cada uno. La página es amigable, y sencilla de manejar. El único problema es que a veces, aunque se pague el impuesto, el certificado de “libre deuda” no se puede obtener, porque queda “enganchado” algún interés por pago tardío. De todos modos, el sistema debería imprimir el certificado si la deuda fuese menor a diez pesos, aunque no siempre ocurre. En ese caso, hay que llamar al 0800 de ATM (0800 800 ATMza – 28692)o escribir al web master de la agencia, para corregirlo.

¿Cuánto dinero deben los estatales –todos- y funcionarios políticos, legislativos, judiciales, en concepto de impuestos? ¿Tras cuánto dinero va el gobierno aplicando estos decretos? No se sabe, porque la única manera de verificarlo sería contrastar cada CUIL de los cien mil empleados más los funcionarios, con el sistema. Hoy, no hay modo de discriminar por la categoría “empleado público” explicó una fuente en la Agencia Tributaria Mendoza.

Sin embargo, la idea del gobierno es aplicar los decretos y el Código Fiscal “a cara de perro”, aunque esperan algún tipo de rebote de la oposición. De hecho, anoche algunos dirigentes del PJ analizaban la normativa, para ver si pedían algún tipo de excepción “por la crisis y los bajos sueldos” contó un legislador nacional de la oposición.

Por lo pronto, hay que pagar, y hay tiempo para presentar las certificaciones ya sean de libre deuda o de plan de pagos vigente, hasta el 16 de octubre, en las oficinas. Tal como indica el cartelito que ayer preocupó a varios, y asustó a más de uno.

Fuente: Mendoza Post