El Gobierno de Mendoza impulsa una ley para finalizar con la liquidación de los ex bancos provinciales y dar de baja activos incobrables

El Gobierno de Mendoza envió a la Legislatura un proyecto de ley para avanzar en el cierre definitivo de los activos remanentes de los ex bancos oficiales, en el marco del proceso de privatización llevado a cabo en la década del 90.

La iniciativa busca resolver una problemática histórica vinculada a la liquidación de estas entidades y avanzar en el ordenamiento de activos que permanecen pendientes desde hace casi 30 años.

En concreto, el proyecto propone dar de baja créditos que por distintas razones pueden ser desincorporados de la base de datos, tras el análisis técnico y jurídico realizado. Se trata de créditos que han sido considerados incobrables, por prescripción, conclusión de quiebras, insolvencia de los deudores o la imposibilidad de avanzar en su cobro por resultar antieconómico, entre otras situaciones.

En este sentido, se prevé eliminar del Sistema de Información Contable provincial (Sidico) tanto las deudas sin juicio como aquellas con procesos judiciales ya caducos o prescriptos, así como los casos de deudores en estado de quiebra en cuyos procesos se haya dictado la conclusión sin posibilidad de continuar la percepción de créditos. La medida se basa en relevamientos realizados por organismos técnicos y auditorías especializadas.

Además, el proyecto faculta al Poder Ejecutivo a continuar con la depuración de otros activos en condiciones similares, bajo criterios como la falta de documentación, el alto costo de los procesos judiciales o la inviabilidad de su recuperación.

En este punto, desde el área técnica se advierte que la magnitud de las operaciones involucradas y los costos asociados a su eventual tramitación judicial hacen que cualquier intento de recupero resulte claramente antieconómico para el Estado. Aun bajo estimaciones conservadoras, avanzar en estos procesos implicaría destinar recursos significativos del erario, sin garantías de recupero efectivo.

Uno de los puntos centrales es la posibilidad de cancelar garantías reales asociadas a estos créditos, como es el caso de las hipotecas. Esto permitirá destrabar situaciones que llevan años sin resolución y facilitar la normalización de bienes, para que puedan volver a integrarse al circuito económico.

La iniciativa también propone adecuar el marco normativo vigente, eliminando disposiciones que dificultan este proceso y simplificando procedimientos administrativos para hacerlo más ágil.

En paralelo, con esta norma se busca reducir riesgos de litigiosidad y fortalecer la seguridad jurídica, al cerrar procesos pendientes y evitar nuevos conflictos derivados de la permanencia de estos créditos en los registros oficiales.