Cómo votaron los diputados mendocinos en la media sanción del proyecto para financiar las universidades públicas
El debate por el financiamiento de las universidades nacionales dejó al descubierto profundas diferencias entre los legisladores de Mendoza. La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles un proyecto de ley que contempla un aumento en el presupuesto universitario, así como mejoras salariales para docentes y no docentes. La votación fue un duro golpe político para el presidente Javier Milei y ahora la discusión pasará al Senado.
La iniciativa fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y contó con el respaldo de gran parte de los bloques opositores. Con 158 votos afirmativos, 75 negativos y 5 abstenciones, la propuesta logró media sanción. Establece una recomposición presupuestaria desde mayo hasta diciembre de 2025, con actualizaciones bimestrales ligadas a la inflación. También prevé mecanismos de control a través de la Auditoría General de la Nación.
En el caso de los representantes mendocinos, la votación estuvo dividida. Cinco legisladores votaron a favor: Mariela Paponet, Adolfo Bermejo y Martín Aveiro (Unión por la Patria); Julio Cobos (UCR); y Lourdes Arrieta (Transformación). Todos ellos destacaron la importancia de sostener la educación superior pública y asegurar los sueldos de quienes trabajan en el sector.
Por otro lado, los tres diputados de La Libertad Avanza —Álvaro Martínez, Mercedes Llano y Facundo Correa Llano— rechazaron el proyecto. Consideraron que la medida es “fiscalmente insostenible” y que representa una traba al programa económico del Gobierno, enfocado en alcanzar el equilibrio fiscal.
Desde el oficialismo nacional, la propuesta fue fuertemente criticada por considerarla una imposición al Ejecutivo en materia presupuestaria. En cambio, desde la oposición se la presentó como una respuesta urgente ante el impacto del ajuste económico en las universidades, que atraviesan serios problemas de funcionamiento y deterioro salarial.
El texto ahora será debatido en la Cámara Alta. Si recibe la aprobación definitiva sin cambios, significará una modificación clave en el esquema de financiamiento del sistema universitario argentino, uno de los más afectados por las políticas de recorte del actual gobierno.
