Buscan prohibir a deudores alimentarios el ingreso a canchas, casinos y recitales en Mendoza
Diputados de Mendoza analizan proyectos para endurecer sanciones a deudores alimentarios, incluyendo la prohibición de ingresar a eventos y casinos.
La Cámara de Diputados de Mendoza comenzó a debatir una serie de proyectos que apuntan a endurecer las sanciones contra quienes incumplen con el pago de la cuota alimentaria, incorporando restricciones que impactan directamente en su vida cotidiana.
La iniciativa principal fue impulsada por la diputada Giuliana Díaz (UCR) y ya se analiza en la comisión de Género y Erradicación de la Trata de Personas. En paralelo, el legislador Gustavo Perret (PJ) presentó una propuesta similar, por lo que no se descarta que ambas iniciativas —junto a otros proyectos previos— sean unificadas en un solo texto.
El objetivo común es modificar la Ley Provincial 6.879, que regula el Registro de Deudores Alimentarios Morosos, para reforzar su alcance y generar un mayor efecto disuasivo.
Restricciones más severas y visibles
A diferencia del esquema vigente —centrado en limitaciones administrativas—, los nuevos proyectos avanzan sobre actividades sociales y recreativas. Entre las medidas que se analizan se destacan:
- Prohibición de ingreso a espectáculos deportivos mediante el cruce de datos con el programa Tribuna Segura.
- Impedimento de acceso a casinos, recitales, fiestas y festivales culturales, a través de controles biométricos.
- Restricciones al acceso al crédito y a servicios financieros mediante su inclusión en bases de datos específicas.
En el caso del proyecto opositor, también se contemplan sanciones adicionales como:
- Imposibilidad de tramitar o renovar el pasaporte.
- Limitaciones para realizar operaciones sobre bienes inmuebles sin acreditar libre deuda.
- Bloqueo de acceso a salas de juego y plataformas online autorizadas.
- Eventuales restricciones para salir del país mediante acuerdos con Migraciones.
Además, se prevé que, en operaciones de compraventa, el escribano retenga el monto adeudado y lo deposite judicialmente.
Buscan unificar criterios
Uno de los ejes centrales del debate es la falta de uniformidad en las sanciones. Si bien algunos jueces ya han aplicado medidas similares en casos particulares, no existe un criterio generalizado.
En ese sentido, la directora de Género y Diversidad de la Suprema Corte de Mendoza, Pamela Cuartara, aportó la mirada judicial y remarcó que llegar a la inscripción en el registro implica un incumplimiento previo, lo que evidencia que las herramientas actuales no siempre resultan suficientes.
Un problema persistente
Según datos del Poder Judicial, en Mendoza existen más de 2.000 expedientes vinculados a deudores alimentarios, con más de 1.600 personas inscriptas hacia fines de 2025. Además, alrededor del 20% de los casos corresponden a reincidencias, lo que refuerza la necesidad de medidas más efectivas.
Actualmente, las sanciones incluyen la imposibilidad de acceder a cargos públicos, contratar con el Estado o salir del país, entre otras. Sin embargo, los proyectos en discusión buscan ampliar ese alcance para impactar en aspectos cotidianos y así incentivar el cumplimiento.
Próximos pasos
Las iniciativas ya tomaron estado parlamentario y continuarán en análisis en comisiones. Durante ese proceso, podrían incorporarse modificaciones y avanzar hacia un proyecto unificado que luego será debatido en el recinto.
El objetivo final, coinciden oficialismo y oposición, es fortalecer la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, garantizando el cumplimiento efectivo de las obligaciones alimentarias.
