Bodegas Bianchi intenta esquivar el concurso y el Gobierno evalúa posibles apoyos

La situación financiera de Bodegas Bianchi se convirtió en uno de los casos más sensibles dentro del mapa vitivinícola mendocino. La firma sanrafaelina, con casi un siglo de trayectoria, atraviesa un proceso de reordenamiento interno con el objetivo de evitar la instancia judicial de un concurso preventivo de acreedores, mientras intenta sostener su funcionamiento en un contexto económico adverso.

Las dificultades no surgieron de manera repentina. Según fuentes vinculadas a la empresa, los inconvenientes se arrastran desde hace más de un año, aunque en los últimos meses se hicieron más visibles a partir de demoras en los pagos y tensiones crecientes con distintos actores de la cadena comercial. Ese escenario terminó por exponer un cuadro financiero cada vez más ajustado.

Desde la bodega reconocen el impacto que la crisis tiene en su operatoria diaria, aunque sostienen que se está trabajando en un esquema de normalización que involucra a todas las áreas. En ese marco, destacan el respaldo de proveedores considerados estratégicos, con quienes buscan preservar vínculos comerciales construidos a lo largo del tiempo para atravesar la coyuntura sin detener la actividad.

En medio de ese proceso, durante 2025 la empresa tomó una decisión de alto impacto: desprenderse de uno de sus activos más valiosos para hacer frente a compromisos financieros. Se trató de una finca histórica ubicada en el distrito Las Paredes, a pocos kilómetros del centro de San Rafael, que había sido la primera propiedad adquirida por Valentín Bianchi antes de fundar la bodega en 1928. El predio, de unas 100 hectáreas y tradicionalmente destinado a la producción de uvas finas, fue vendido por una cifra cercana a los 10 millones de dólares y dejó de tener uso agrícola, ya que sus nuevos dueños proyectan allí un desarrollo inmobiliario.

A pesar de ese alivio puntual, los inconvenientes continuaron, especialmente en la relación con proveedores, lo que obligó a la empresa a profundizar las negociaciones para reordenar compromisos y recuperar previsibilidad financiera. Desde la conducción de la bodega aseguran que el objetivo central es encauzar la situación sin poner en riesgo la continuidad operativa ni el legado histórico de la marca.

El agravamiento del cuadro llevó además a que, hacia finales del año pasado, la empresa buscara respaldo en el Gobierno provincial. El contacto se realizó a través del Ministerio de Producción, aunque las gestiones no avanzaron como se esperaba. Desde esa cartera confirmaron que un encuentro previsto para analizar el estado financiero de la firma fue cancelado por la propia empresa, y que luego comenzaron a registrarse problemas más visibles en la cadena de pagos, con cheques rechazados por falta de fondos.

Consultado sobre el tema, el ministro Rodolfo Vargas Arizu descartó la posibilidad de un rescate económico directo, aunque dejó abierta la puerta a evaluar algún tipo de acompañamiento en caso de que se plantee una alternativa concreta. Mientras tanto, en el ámbito vitivinícola local crece la percepción de que, frente a la complejidad del escenario, el concurso de acreedores podría transformarse en una herramienta para ordenar pasivos y garantizar la continuidad de una de las bodegas más emblemáticas del sur mendocino.