Avanza el jury contra una defensora oficial de San Rafael tras graves acusaciones internas

El Tribunal de Enjuiciamiento provincial decidió este jueves, y de manera unánime, admitir la presentación formulada por la defensora general de Mendoza, Cecilia Saint André, contra la abogada Romina Crisafulli Menéndez, quien se desempeña en la Primera Defensoría Oficial Penal de Adultos de San Rafael, en la Segunda Circunscripción Judicial. Con esta resolución, la funcionaria quedará formalmente notificada y deberá presentar su descargo.

La denuncia describe un cuadro de presunto desorden funcional y reiterado incumplimiento laboral que, según el expediente, viene acumulándose desde hace tiempo. Entre los puntos más delicados aparece la utilización de certificados médicos que habrían sido emitidos por un profesional sin habilitación vigente, el doctor Héctor Rodríguez Medina, lo que —según la jefatura de los defensores— fue reiterado en más de una ocasión.

A esto se agregan faltas injustificadas, reportes de mal comportamiento dentro del ámbito judicial y el abandono de su domicilio en San Rafael sin comunicación oficial, un requisito indispensable por tratarse del lugar donde debía prestar funciones. La presentación sostiene que, tras recibir el alta médica en mayo de 2024, Crisafulli continuó con trabajo remoto extraordinario, pero ese mismo mes habría gestionado el traslado escolar de su hijo a la Ciudad de Mendoza y dejado su vivienda en el sur provincial. Para la denunciante, estos indicios revelan un plan para mudar su residencia y luego solicitar un eventual traslado ante el Consejo de la Magistratura.

Durante el período en que ejerció de manera virtual, también se registraron reclamos de ciudadanos que aseguraron haber sufrido perjuicios derivados de una defensa técnica deficiente, lo que agregó más tensión al caso.

Las nuevas irregularidades surgieron hacia finales de octubre de 2024, cuando Crisafulli volvió a presentar certificados médicos —también firmados por el mismo profesional cuestionado— alegando un cuadro de herpes zóster y más tarde neuropatía posherpética. Ambos documentos fueron rechazados por la Junta de Salud Ocupacional de OSEP, que determinó que la funcionaria estaba en condiciones de retomar la actividad presencial. Pese a ello, la abogada no volvió a ocupar su cargo en San Rafael y continuó elevando certificaciones que el organismo no reconoce, acumulando así más notificaciones por inasistencias.

Con todo este panorama, el Tribunal de Enjuiciamiento decidió avanzar al siguiente paso del proceso: trasladar formalmente la acusación a Crisafulli, quien deberá responder ante el organismo que definirá si corresponde o no abrir el juicio solicitado.