Asciende a 1.719 la cifra de muertos por los devastadores terremotos en Venezuela
Las autoridades venezolanas actualizaron el balance de víctimas a cinco días de los sismos de magnitud 7,2 y 7,5. Hay más de 5.000 heridos, miles de desaparecidos y continúan las tareas de rescate en las zonas más afectadas.
La tragedia provocada por los terremotos que sacudieron a Venezuela el pasado 24 de junio continúa agravándose. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, informó este lunes que la cifra de fallecidos ascendió a 1.719 personas, mientras que los heridos ya suman 5.034.
El nuevo balance representa un fuerte incremento respecto del informe difundido el domingo, cuando las autoridades habían reportado 1.450 muertos y 3.150 heridos. Además, el número de damnificados alcanzó las 15.866 personas.
Sin embargo, las cifras oficiales fueron puestas en duda por la organización no gubernamental Provea, que reclamó al Gobierno permitir el acceso de organismos independientes para verificar y contrastar la información sobre las víctimas fatales.
Mientras tanto, la plataforma Desaparecidos Terremotos Venezuela reportó que aún permanecen 45.485 personas sin contacto, mientras que 15.346 ya fueron localizadas, sobre un total de 60.831 casos reportados.
En relación con los daños materiales, Rodríguez señaló que fueron relevados 855 edificios afectados, de los cuales 189 colapsaron completamente y otros 666 sufrieron daños parciales. Asimismo, indicó que desde los dos fuertes terremotos se registraron 611 réplicas sísmicas.
Las autoridades también informaron que el 90% del servicio eléctrico ya fue restablecido en el estado de La Guaira, la zona más golpeada por la catástrofe, y que 22.619 personas fueron atendidas en hospitales y centros de salud de campaña.
Continúan los operativos de rescate
Equipos de rescate venezolanos e internacionales mantienen una intensa búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras el Gobierno continúa habilitando refugios para alojar a las familias que perdieron sus viviendas.
Aunque algunos servicios públicos comienzan a normalizarse, los severos daños en rutas, hospitales y edificios residenciales siguen dificultando las tareas de asistencia y el acceso a numerosas comunidades.
La situación es especialmente crítica en La Guaira, considerada el epicentro de la tragedia. Testigos describen la ciudad como una “zona de guerra”, con numerosos edificios reducidos a escombros. La región ya había sufrido una de las mayores tragedias naturales del país en 1999, cuando lluvias y deslaves dejaron más de 10.000 muertos.
Según estimaciones de la ONU, los terremotos podrían dejar cerca de siete millones de damnificados y pérdidas económicas superiores a 6.700 millones de dólares, equivalentes a aproximadamente el 6% del Producto Interno Bruto venezolano.
Nueva réplica
Durante la mañana del lunes se registró una nueva réplica en la costa central venezolana. La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) informó una magnitud de 4,2, con epicentro a 10 kilómetros al este de La Guaira, mientras que el Servicio Geológico Colombiano estimó que el movimiento alcanzó una magnitud de 5,1.
Las autoridades indicaron que fueron habilitados 15 grandes refugios en La Guaira y otros campamentos en escuelas e instituciones públicas. Además, en Caracas y Miranda funcionan 50 centros de alojamiento temporario, donde también se coordinan las tareas de asistencia junto a 3.319 especialistas extranjeros, perros de rescate y vehículos de apoyo.
Herramientas para localizar desaparecidos y brindar asistencia
El Gobierno también puso en funcionamiento la plataforma localizapacientes.com, destinada a que los familiares puedan verificar si una persona desaparecida fue trasladada a algún hospital tras los terremotos.
Asimismo, comenzó a operar la línea telefónica 0800 AYUDA01, orientada a brindar contención y apoyo psicológico a las personas afectadas por la emergencia.
Por otra parte, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció la extensión por una semana de la suspensión de las clases en todo el país. La medida busca permitir la inspección estructural de los establecimientos educativos, garantizar condiciones de seguridad para estudiantes y docentes, y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia.
