¿A quién defienden? Los concejales radicales votaron contra San Rafael en la lucha antigranizo

En una sesión marcada por la discusión sobre la continuidad de la lucha antigranizo en el Sur mendocino, los cuatro concejales de la UCR rechazaron el proyecto que respaldaba el pedido del Municipio y de más de 300 instituciones del departamento.

El debate por la continuidad de la lucha antigranizo volvió a quedar en el centro de la escena política de San Rafael y dejó una definición que difícilmente pase inadvertida: los cuatro concejales radicales decidieron votar en contra del proyecto que respaldaba el reclamo del departamento ante el Gobierno de Mendoza.

La iniciativa fue puesta a consideración sobre tablas durante la sesión de este miércoles del Honorable Concejo Deliberante y buscaba acompañar el planteo realizado por el intendente Omar Félix y por más de 300 instituciones sanrafaelinas, que vienen reclamando que la Provincia garantice su aporte para sostener las herramientas destinadas a la lucha contra el granizo en el Sur.

El resultado de la votación fue contundente: los seis concejales del justicialismo y Martín Antolín, del bloque Libertarios del Sur, acompañaron el pedido. En cambio, los cuatro ediles de la UCR/Frente Cambia Mendoza votaron en contra: Adrián Reche, Romina Gordano, Romina Giraudo y Juan Pablo Vignoni.

La concejal Valentina Sánchez, del bloque La Libertad Avanza, no estuvo presente en la sesión.

Una decisión difícil de explicar en San Rafael

El argumento utilizado por los ediles radicales fue que la lucha contra el granizo mediante aviones no resulta efectiva. Ese planteo puede formar parte de una discusión técnica y merece, naturalmente, ser debatido con estudios, evidencia y argumentos.

Pero hay una cuestión política que resulta mucho más difícil de esquivar: ¿qué posición adoptaron frente a un reclamo que reúne a cientos de instituciones, productores y sectores económicos de San Rafael?

Porque una cosa es discutir la eficacia de una determinada herramienta y otra muy diferente es votar en contra de un proyecto que pretende que el Gobierno provincial escuche y atienda las necesidades del Sur mendocino.

En una provincia donde las decisiones muchas veces se toman desde el Gran Mendoza, San Rafael necesita concejales que hagan escuchar su voz, independientemente del color político de quien gobierne.

Y en esta oportunidad, los cuatro representantes radicales eligieron otro camino.

¿Defender a San Rafael o acompañar al Gobierno provincial?

La pregunta queda instalada inevitablemente después de la votación.

Los concejales tienen la obligación de representar a los vecinos que los eligieron y defender los intereses del departamento. No fueron elegidos para funcionar como una extensión de ningún gobierno provincial ni para cuidar los intereses de una estructura partidaria.

Por eso resulta legítimo preguntarse si, al momento de votar, pesó más la necesidad de acompañar el reclamo de San Rafael o la conveniencia de evitar un enfrentamiento político con el Gobierno de Mendoza.

Desde el radicalismo sostienen que el sistema de aviones no sirve. Es una posición respetable si se fundamenta técnicamente. Lo que cuesta comprender es por qué esa postura debe traducirse necesariamente en rechazar un pedido institucional para que la Provincia se haga cargo de una problemática que afecta directamente a los productores y a la economía del Sur.

San Rafael no está pidiendo un privilegio. Está reclamando que se atienda una problemática que durante años fue considerada estratégica para la producción agrícola.

El granizo no entiende de partidos

El granizo no pregunta quién gobierna. No pregunta si un productor votó al peronismo, al radicalismo o a La Libertad Avanza. Cuando una tormenta destruye una cosecha, el perjuicio lo sufren las familias productoras, los trabajadores, los comercios y toda la economía regional.

Por eso, frente a un reclamo respaldado por más de 300 instituciones, la discusión debería estar por encima de las pertenencias partidarias.

Los concejales radicales tuvieron la oportunidad de acompañar un planteo institucional de San Rafael frente a la Provincia y eligieron votar en contra.

Es una decisión política. Y como tal, también debe ser sometida al juicio político de los vecinos.

Porque si los representantes locales no están dispuestos a defender los intereses de San Rafael cuando esos intereses chocan con las decisiones del poder provincial, cabe preguntarse entonces a quién están representando.

La discusión sobre la eficacia de los aviones puede continuar. Los estudios pueden analizarse. Las alternativas pueden discutirse.

Pero hay algo que no debería estar en discusión: cuando San Rafael reclama ante Mendoza, sus representantes deberían estar del lado de San Rafael.