Transportistas de personas con discapacidad reclaman por el pago de deudas enormes

Al igual que en Buenos Aires, Mendoza y otros puntos del país, en San Rafael se desarrolló una manifestación en el Kilómetro Cero y en la plaza San Martín, pues los prestadores de servicio de transporte para personas con discapacidad, requieren que las obras sociales les paguen deudas que se acercan al medio millón de pesos a cada uno.

En diálogo con La Ventana San Rafael, Pablo Simoni, uno de los prestadores, explicó que lo que están reclamando es el pago del servicio brindado. “Nosotros tenemos un servicio de capacidades especiales, todos los vehículos tienen el logo que nos habilita para todo lo que implica (impuestos y demás) a trasladar a personas con discapacidad, niños con discapacidad que asisten a centros terapéuticos, a las escuelas, a aquellos que tienen su certificado de discapacidad y que viven en distrito también los traemos al centro, a las escuelas, a sus terapias”, explicó. Las movilidades están acondicionadas y habilitadas especialmente para dar este servicio y de hecho, cada tres meses tienen la obligación de llevar a cabo verificaciones técnicas.

En San Rafael son cerca de 30 los vehículos afectados por un atraso de más de 80 días en los pagos, lo cual significa alrededor de medio millón de pesos, pues –agregó Simoni– “un servicio común, urbano está en los 15 mil pesos cada uno y depende la cantidad de chicos que se muevan o personas que se trasladen, pero podemos hablar en cada caso de entre 400 y 500 mil pesos”. Es que la cifra incluye impuestos, combustible, etcétera, lo cual deben abonar de manera particular estos trabajadores, lo cual los lleva a colapsar, ya que las personas que utilizan los vehículos los siguen requiriendo.

Desde lo administrativo, ocurre que ellos le facturan a las obras sociales y éstas a su vez, deben cobrarle a la Superintendencia de Servicios de Salud (organismo nacional). “Que las obras sociales se justifiquen en que la Superintendencia no les pague es otro tema. El conflicto viene de que la Superintendencia transfiere a las obras sociales a través del sistema ‘Integración’ (que puso Macri en su momento). Las obras sociales después nos depositan a nosotros, pero nos están diciendo que no les pagan”, dijo. Antes del cambio hecho por el gobierno anterior, las obras sociales pagaban con sus fondos y luego pedían el dinero a la Superintendencia, mientras que en la actualidad no pagan hasta que la Superintendencia no deposita.

Simoni no descartó presentar demandas a las obras sociales por esta falta de pago, y aclaró que lo que menos quieren es perjudicar a los beneficiarios que requieren de sus servicios, ya que “sería un desastre”.