Política

Piden informes sobre las residencias para niños y adolescentes sin cuidados parentales en San Rafael

Concejales del bloque Justicialista presentaron un proyecto para que el Gobierno provincial brinde detalles sobre la cantidad de hogares, las condiciones del personal y la situación de los menores alojados. También buscan conocer cómo se garantizan los vínculos familiares y los procesos de revinculación.

Concejales del bloque Justicialista de San Rafael presentaron un proyecto de declaración para solicitar al Gobierno de Mendoza información detallada sobre el funcionamiento de las residencias de gestión pública, privada o mixta destinadas a niños, niñas y adolescentes que se encuentran privados de cuidados parentales en el departamento.

La iniciativa fue presentada por los ediles Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli y María Sol Indiveri, y apunta a conocer las condiciones de alojamiento, la disponibilidad de personal y, especialmente, cómo se desarrollan los procesos de vinculación de los menores con sus familias y adultos referentes.

El proyecto plantea que la institucionalización debe ser una medida excepcional y transitoria, de acuerdo con lo establecido por la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 9.139.

En ese sentido, los concejales sostienen que es fundamental respetar el denominado centro de vida de cada niño, niña o adolescente, evitando traslados que puedan generar desarraigo y afectar sus vínculos familiares y emocionales.

Qué información le piden al Gobierno provincial

A través del proyecto, el Concejo Deliberante propone solicitar al Poder Ejecutivo provincial, por intermedio de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP) – Zona Sur, que responda en un plazo máximo de 15 días sobre cinco aspectos centrales.

Entre ellos, se solicita conocer:

  • Cantidad de residencias y capacidad: cuántos hogares se encuentran activos en San Rafael, cuál es la capacidad máxima habilitada de cada uno y cuántos menores están alojados actualmente.
  • Personal y cobertura de turnos: cantidad de operadores y trabajadores técnicos y auxiliares asignados a cada establecimiento. También se busca conocer cuántos empleados trabajan en cada turno y si las tareas de cocina, limpieza y mantenimiento cuentan con personal propio o son realizadas por los mismos operadores.
  • Contacto con las familias: con qué frecuencia los menores mantienen contacto con sus familiares y adultos referentes, cuánto tiempo transcurre desde su ingreso hasta el primer encuentro y cuáles son los criterios para acelerar o postergar esa vinculación.
  • Menores provenientes de otros departamentos: si existen niños o adolescentes alojados en San Rafael cuyo centro de vida se encontraba en otros puntos de Mendoza y cuáles fueron los motivos excepcionales que justificaron su traslado.
  • Traslados desde San Rafael hacia otros departamentos: si hay menores que tenían su centro de vida en San Rafael y fueron derivados a residencias de otras localidades, cuáles fueron las causas y cómo se garantiza el contacto con sus familias.

La preocupación por el desarraigo y las condiciones de cuidado

Entre los fundamentos de la propuesta, los ediles remarcan que los hogares deben contar con personal suficiente, capacitado y con condiciones laborales adecuadas, para garantizar la estabilidad en el cuidado de los niños y adolescentes.

También advierten sobre la importancia de que los traslados entre departamentos no impliquen una ruptura de los vínculos familiares. En esos casos, consideran necesario conocer qué mecanismos logísticos y económicos implementa el Estado provincial para facilitar los encuentros y los procesos de revinculación.

La iniciativa busca que el Concejo Deliberante pueda ejercer su función de control y conocer en profundidad las condiciones en las que funcionan estos dispositivos de protección en el departamento.

Finalmente, el proyecto establece que, en caso de aprobarse, se remitirá copia de la declaración al gobernador Alfredo Cornejo, al ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Salazar; a la subsecretaria de Infancias, Adolescencia y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampo, y al delegado regional de la DGP Zona Sur, Diego Díaz.

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