El PJ pidió informes a la Provincia sobre los hogares que alojan a niños y adolescentes en San Rafael

El bloque Justicialista del Concejo Deliberante de San Rafael presentó un proyecto de declaración para solicitar al Gobierno de Mendoza información detallada sobre el funcionamiento de las residencias de gestión pública, privada o mixta que alojan a niños, niñas y adolescentes privados de cuidados parentales en el departamento.

La iniciativa fue presentada por los concejales Nahuel Arscone, Antonela Cristofanelli y María Sol Indiveri, quienes plantearon la necesidad de conocer con precisión las condiciones habitacionales, la disponibilidad de personal y el estado de los procesos de vinculación familiar de los menores que se encuentran alojados en estos establecimientos.

El proyecto solicita que el Poder Ejecutivo provincial, a través de la Dirección General de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (DGP) de la Zona Sur, remita un informe al Concejo Deliberante en un plazo no mayor a 15 días.

Entre los principales puntos, los ediles piden conocer cuántas residencias se encuentran activas en San Rafael, cuál es la capacidad máxima habilitada de cada una y cuántos niños y adolescentes están alojados actualmente.

También solicitan información sobre la cantidad de operadores y personal técnico y auxiliar asignado a cada establecimiento, con detalles sobre la cobertura de los distintos turnos. En ese sentido, buscan determinar si las tareas de cocina, limpieza y mantenimiento cuentan con personal específico o si son realizadas por los mismos operadores que tienen a cargo el cuidado de los menores.

El contacto con las familias, uno de los puntos centrales

Otro de los aspectos que contempla el pedido está relacionado con los vínculos familiares y afectivos de los niños y adolescentes institucionalizados.

Los concejales requieren conocer con qué frecuencia mantienen contacto con sus familias o adultos referentes, cuánto tiempo transcurre desde el ingreso a una residencia hasta el primer contacto efectivo con su entorno de origen y cuáles son los criterios técnicos que determinan la rapidez o eventual postergación de esos encuentros.

Además, el proyecto pone especial atención en los posibles casos de desarraigo territorial. Por eso, solicita identificar si existen menores alojados en San Rafael cuyo centro de vida corresponde a otros departamentos de Mendoza y, en caso de que así sea, conocer cuáles fueron los motivos excepcionales que justificaron esas derivaciones.

En sentido inverso, también pide información sobre niños y adolescentes cuyo centro de vida estaba en San Rafael y que hayan sido trasladados a residencias de otros departamentos, junto con las razones de esas decisiones y los mecanismos previstos para garantizar el contacto con sus familiares.

Los fundamentos del pedido

En los fundamentos, los autores de la iniciativa recuerdan que la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Nacional 26.061 y la Ley Provincial 9.139 establecen que la institucionalización debe ser una medida excepcional, transitoria y utilizada como último recurso.

También hacen referencia a las directrices de Naciones Unidas sobre modalidades alternativas de cuidado, que establecen la importancia de mantener a los menores cerca de su lugar de residencia habitual para facilitar el contacto familiar y los procesos de revinculación.

En ese marco, sostienen que es fundamental garantizar personal suficiente y calificado, condiciones laborales adecuadas y estabilidad en los equipos de cuidado, además de evitar traslados que puedan profundizar el desarraigo y afectar la integridad emocional de los niños y adolescentes.

La declaración, en caso de recibir aprobación, será remitida al gobernador Alfredo Cornejo; al ministro de Educación, Cultura, Infancias y DGE, Tadeo García Salazar; a la subsecretaria de Infancias, Adolescencia y Juventudes, Verónica Álvarez Ocampo; y al delegado regional de la DGP Zona Sur, Diego Díaz.

La iniciativa busca que la Provincia brinde información concreta sobre cómo funcionan estos dispositivos de cuidado en San Rafael y qué recursos destina para garantizar los derechos de los niños y adolescentes que viven en ellos.