Educación Especial en Mendoza: denuncian cierre de cargos, precarización laboral y miedo a represalias

Directivos y docentes cuestionan una resolución de la DGE que prevé eliminar cargos en más de 40 escuelas de la provincia. Advierten sobre el impacto en la continuidad pedagógica de los estudiantes con discapacidad y señalan que el temor a posibles persecuciones o sanciones limita la posibilidad de expresar públicamente el rechazo a estas medidas. También cuestionan que las decisiones se tomen sin escuchar a quienes conducen las instituciones educativas.

La Educación Especial de Mendoza atraviesa un escenario de preocupación y conflicto a partir de la Resolución N.° 100-DEE-2026 de la Dirección General de Escuelas (DGE), que dispone el cierre de numerosos cargos docentes y técnicos a partir del 31 de enero de 2027.

El planteo, difundido por integrantes de la comunidad educativa, pone en discusión no solamente la estabilidad laboral de los trabajadores, sino también la continuidad de los procesos de aprendizaje y la atención que reciben los estudiantes con discapacidad.

La medida alcanzaría a cargos de grado vinculados con discapacidad intelectual, visual y auditiva, equipos técnicos integrados por psicopedagogos, psicólogos y fonoaudiólogos, además de talleres de formación profesional. Según el comunicado, la resolución tendría impacto en más de 40 escuelas de distintos departamentos, entre ellos San Rafael y Malargüe, además de establecimientos del Gran Mendoza y otras zonas de la provincia.

El temor de los directivos a hablar y las decisiones sin participación

Uno de los aspectos más delicados de la situación es el clima de temor que, según plantean integrantes del sector, existe entre algunos equipos directivos a la hora de expresar públicamente sus cuestionamientos.

El miedo a posibles represalias, persecuciones administrativas o sanciones aparece como un condicionante para quienes desean denunciar situaciones que consideran injustas dentro del sistema educativo. Esta preocupación dificulta que las voces de las instituciones lleguen a la opinión pública y que los problemas cotidianos de las escuelas sean expuestos sin temor a consecuencias laborales.

En este contexto, surge otro cuestionamiento central: las decisiones que afectan el funcionamiento de las escuelas y las condiciones de enseñanza se estarían tomando sin escuchar debidamente a los directivos, quienes conocen de primera mano las necesidades de cada establecimiento, las características de sus estudiantes y las dificultades que enfrentan los equipos docentes.

La situación abre un interrogante sobre los espacios de participación con los que cuentan quienes conducen las instituciones. Si las medidas se definen sin incorporar su experiencia ni atender sus objeciones, advierten desde el sector, se corre el riesgo de adoptar decisiones alejadas de la realidad de las aulas.

El temor a hablar también plantea un problema institucional: cuando quienes conocen las dificultades no se sienten en condiciones de expresarlas libremente, las autoridades pueden perder información fundamental para evaluar las consecuencias de sus propias resoluciones.

Cargos que se abren a mitad de año y se cierran en diciembre

Otro de los puntos más cuestionados es la modalidad de apertura y cierre de cargos, que, según denuncian docentes de Educación Especial, genera inestabilidad laboral y afecta la organización pedagógica.

“El Gobierno Escolar viene implementando una lógica nefasta: cierra los cargos a fin de año, deja a los docentes sin trabajo durante los meses de receso y recién autoriza las aperturas en mayo o junio”, sostuvieron los trabajadores en el comunicado.

La denuncia apunta a una dinámica que dejaría a profesionales sin continuidad laboral durante varios meses, para luego reincorporarlos cuando avanza el ciclo lectivo.

Pero las consecuencias, sostienen, no se limitan a los trabajadores. La interrupción de los cargos puede afectar la continuidad del vínculo entre docentes y estudiantes, un aspecto especialmente importante en la Educación Especial, donde la planificación individualizada, el seguimiento y la estabilidad de los equipos resultan fundamentales.

“¿Qué estabilidad económica y laboral puede tener un docente bajo estas condiciones? Pero además, ¿qué continuidad pedagógica se le garantiza a un niño con discapacidad si la DGE le cambia el maestro a mitad de año o lo deja meses sin atención?”, plantearon.

La discusión, por lo tanto, excede el ámbito laboral y alcanza directamente a las condiciones en las que se garantiza el derecho a la educación de niños, niñas y jóvenes con discapacidad.

Cuestionamientos por el cumplimiento de las normas

El comunicado también advierte que las medidas podrían entrar en contradicción con distintas disposiciones legales que protegen los derechos de los trabajadores y establecen criterios para el funcionamiento de la Educación Especial.

Entre ellas menciona el Estatuto del Docente de Mendoza, establecido por la Ley Provincial N.° 4.934, que contempla garantías vinculadas con la estabilidad laboral, y la Ley de Educación Nacional N.° 26.206, que establece obligaciones relacionadas con el derecho a la educación y la inclusión.

Además, los docentes señalan la Resolución N.° 0001-DEE-2011 y el Memorándum 09/16, que, según el planteo difundido, fijan parámetros pedagógicos de entre cinco y siete alumnos por docente para determinadas instancias de la modalidad.

Estos argumentos forman parte de los cuestionamientos de los trabajadores y deberán ser considerados en el análisis de la resolución y de sus efectos concretos sobre cada institución.

Reclaman la derogación de la resolución y una respuesta del SUTE

Frente a este escenario, los trabajadores de Educación Especial reclaman la derogación inmediata de la Resolución N.° 100-DEE-2026, el fin de los cargos temporarios y garantías para preservar tanto la estabilidad laboral como la continuidad de los procesos educativos.

También convocan al Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) a impulsar medidas de fuerza y acciones legales en defensa de los derechos laborales y de la educación pública.

El conflicto vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: qué lugar ocupan las comunidades educativas en las decisiones que transforman el funcionamiento de las escuelas y qué garantías tienen sus integrantes para expresar desacuerdos sin temor.

En Educación Especial, la preocupación no pasa únicamente por cuántos cargos se cierran, sino también por quiénes participan en esas decisiones, qué consecuencias tendrán para los estudiantes y si directivos y docentes pueden denunciar lo que consideran injusto sin miedo a sufrir represalias.

La situación plantea la necesidad de respuestas claras por parte de las autoridades educativas, así como de instancias de diálogo en las que los equipos directivos, docentes y profesionales puedan exponer sus argumentos y aportar su conocimiento de la realidad escolar antes de que se implementen medidas que afecten la atención de los estudiantes con discapacidad.