El Gobierno de Mendoza pondrá $3.635 millones para una playa en Alvear, mientras San Rafael sigue esperando inversiones clave

La Provincia financiará un balneario en la ribera del río Atuel con fondos de Portezuelo del Viento. La decisión reabre el debate sobre las prioridades del Gobierno de Alfredo Cornejo: hay recursos para una nueva playa en General Alvear, pero siguen pendientes reclamos históricos del sur mendocino, como la lucha antigranizo, la extensión de la red de gas y la infraestructura turística en San Rafael.

El Gobierno de Mendoza destinará $3.635 millones para construir un balneario en General Alvear, una obra que, más allá de sus posibles beneficios para el turismo local, vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda para la administración provincial: ¿cuáles son las prioridades a la hora de distribuir los recursos públicos y por qué algunas necesidades del sur mendocino siguen sin respuestas?

La iniciativa, impulsada en conjunto con la Municipalidad de General Alvear, ya fue licitada y recibió ofertas de ocho empresas. El presupuesto equivale aproximadamente a 2,5 millones de dólares y se financiará con fondos vinculados a Portezuelo del Viento.

El proyecto contempla transformar un sector de la ribera del río Atuel en un espacio recreativo, con infraestructura y comodidades para los visitantes. Sin embargo, aunque la licitación ya se realizó, la obra todavía no fue adjudicada. Con un plazo de ejecución previsto de ocho meses, su inauguración recién podría concretarse durante el verano 2027/2028.

Nadie discute que General Alvear necesita infraestructura turística ni que sus vecinos merecen contar con espacios públicos para disfrutar del río. La discusión es otra: por qué la Provincia encuentra recursos para financiar determinadas obras recreativas, mientras otras demandas fundamentales del sur provincial continúan esperando una decisión política.

La plata aparece para una playa, pero faltan respuestas para otros reclamos

Mientras se anuncian miles de millones de pesos para un balneario, en San Rafael siguen sobre la mesa reclamos que afectan directamente a productores, familias y comunidades enteras.

Uno de ellos es la lucha antigranizo, un sistema cuya continuidad ha sido motivo de fuertes controversias entre los productores del sur y el Gobierno provincial. La preocupación no es menor en una región donde una tormenta puede destruir en minutos el trabajo de toda una temporada agrícola.

También está pendiente la extensión de la red de gas hacia Monte Comán y Villa 25 de Mayo, una infraestructura que podría mejorar las condiciones de vida de los vecinos y abrir nuevas posibilidades para el desarrollo de esas localidades.

Son necesidades de naturaleza diferente, pero todas plantean una cuestión central: ¿con qué criterios decide la Provincia dónde invertir y qué demandas deben seguir esperando?

El financiamiento de una obra turística no implica necesariamente que esos fondos puedan utilizarse de manera automática para cualquier otro destino. Sin embargo, eso no elimina la obligación del Gobierno de explicar sus prioridades, transparentar la distribución de los recursos y dar respuestas concretas a las necesidades que permanecen postergadas.

San Rafael hizo sus propias playas sin esperar a la Provincia

La comparación con San Rafael resulta inevitable.

El municipio sanrafaelino desarrolló espacios recreativos en Monte Comán, Salto de las Rosas y Los Tableros, con inversión municipal. Es decir, mientras la comuna debió afrontar con recursos propios la creación de esas playas, ahora la Provincia se involucra financieramente en un proyecto de características similares en General Alvear.

La pregunta surge por sí sola: ¿por qué San Rafael tuvo que hacerse cargo de sus propios balnearios, mientras General Alvear contará con un aporte provincial millonario para construir el suyo?

La respuesta debería ser parte de una explicación pública sobre la política de inversión territorial del Gobierno mendocino. No alcanza con anunciar obras, publicar montos y destacar la cantidad de empresas interesadas. También es necesario explicar cómo se establecen las prioridades y qué criterios se aplican para que los distintos departamentos accedan a los fondos provinciales.

Porque si las comunas deben resolver solas determinadas necesidades, pero en otros casos la Provincia decide financiar las obras, la ciudadanía tiene derecho a conocer las razones de esa diferencia.

Potrerillos recibe inversiones y San Rafael sigue esperando por Los Reyunos y Valle Grande

El contraste se vuelve todavía más evidente cuando se analiza la infraestructura turística vinculada a los espejos de agua de Mendoza.

A lo largo de sucesivas gestiones provinciales, de distintos signos políticos, el perilago de Potrerillos recibió inversiones para su desarrollo, ampliación y mantenimiento. En cambio, Los Reyunos y Valle Grande, dos de los principales atractivos turísticos de San Rafael, siguen sin contar con una infraestructura pública acorde con su importancia.

En esos lugares, buena parte de las instalaciones y mejoras disponibles surgieron de iniciativas privadas. Los prestadores y emprendedores invierten para ofrecer servicios a los visitantes, pero la infraestructura pública necesaria para acompañar el crecimiento turístico continúa siendo una deuda.

La situación se observa incluso en cuestiones elementales: accesos adecuados, instalaciones de uso público y sectores seguros para llegar al agua. En determinados puntos, los visitantes ni siquiera cuentan con una escalera pública básica para bajar al lago.

San Rafael tiene paisajes, ríos, embalses y atractivos que convocan a turistas durante todo el año. Sin embargo, esa riqueza natural no siempre se traduce en inversiones provinciales que permitan mejorar los servicios, ordenar los espacios y aprovechar el potencial de la actividad.

La construcción de un balneario en Alvear vuelve a poner esta diferencia en discusión. No porque ese departamento no merezca la obra, sino porque San Rafael también necesita inversiones provinciales y lleva años esperando respuestas para sus propios espacios turísticos.

Una deuda que atraviesa distintas gestiones

La falta de infraestructura en Los Reyunos y Valle Grande no puede atribuirse exclusivamente a una sola administración. El problema atraviesa sucesivos gobiernos provinciales y obliga a mirar una política de largo plazo que, hasta ahora, no ha dado a San Rafael una respuesta equivalente a la importancia de sus atractivos turísticos.

Pero esa continuidad histórica no exime a la gestión actual de asumir sus responsabilidades. Cada gobierno define sus presupuestos, anuncia sus prioridades y decide qué proyectos impulsa.

Por eso, la administración de Alfredo Cornejo debería explicar qué inversiones tiene previstas para los embalses sanrafaelinos, qué planes existen para mejorar sus accesos e instalaciones y si hay un cronograma concreto para atender los reclamos vinculados al gas y la protección de la producción agrícola.

El sur mendocino no necesita solamente anuncios: necesita decisiones, presupuesto y obras que respondan a sus demandas concretas.

¿Una diferencia de prioridades o una postergación persistente?

La inversión de $3.635 millones en el balneario de General Alvear puede representar una mejora para ese departamento. El punto es que, cuando se trata de fondos públicos, el debate no debería limitarse a celebrar cada anuncio por separado.

También corresponde comparar qué se financia, qué se posterga y qué explicaciones ofrece el Gobierno.

En San Rafael, la discusión abarca la protección de la producción frente al granizo, la llegada del gas a localidades que lo reclaman y el desarrollo de infraestructura pública en dos de sus principales destinos turísticos. Son asuntos que requieren respuestas específicas y no pueden quedar relegados indefinidamente detrás de nuevos anuncios de obras.

Si la Provincia puede comprometer miles de millones de pesos para construir una playa en General Alvear, también debe explicar qué inversiones concretas proyecta para San Rafael.

La discusión no es Alvear contra San Rafael. Los vecinos de ambos departamentos tienen derecho a reclamar obras y mejores servicios. La responsabilidad de establecer prioridades, distribuir los recursos con criterios transparentes y garantizar un desarrollo equilibrado corresponde al Gobierno provincial.

Mientras tanto, la sensación de postergación persiste en el sur mendocino. Y cada nuevo anuncio de inversión vuelve a dejar una pregunta sin respuesta: ¿cuándo llegará el turno de San Rafael?