Con 260 chicos esperando una familia, Mendoza busca acelerar los procesos de adopción

El Gobierno de Mendoza elevó a la Honorable Legislatura un proyecto de ley enfocado en garantizar el derecho de niños, niñas y adolescentes a crecer en el seno de una familia. La propuesta modifica el Código Procesal de Familia y Violencia Familiar (Ley 9.120) y articula con el Sistema Provincial de Acogimiento Familiar Temporario (Ley 9.383), introduciendo herramientas procesales para dar respuesta a los casos de vinculación más complejos.  

​Esta medida profundiza las políticas públicas orientadas a agilizar las adopciones en la provincia, dando continuidad a las reformas implementadas en 2025 mediante la Ley 9.609.

En esta oportunidad, el abordaje se centra en proteger a una población de alta vulnerabilidad: niños y niñas mayores de 5 años, grupos de hermanos y personas con discapacidad que cuentan con sentencia firme de adoptabilidad y permanecen en dispositivos de cuidado alternativo a la espera de una respuesta familiar. 

​Actualmente en Mendoza, 264 niños, niñas y adolescentes tienen declarada su situación de adoptabilidad por sentencia firme. Dentro de esta población: 

• ​93 presentan algún tipo de discapacidad. 
• ​88 tienen entre 5 y 11 años. 
• ​83 son adolescentes de entre 12 y 17 años. 
• ​103 integran grupos de hermanos.

​A la par de estos datos, las autoridades advierten una disminución en las inscripciones de aspirantes en el Registro Provincial de Adopción con disposición para recibir a niños de estas edades o realidades particulares. Esta situación genera una brecha estructural que se refleja en la existencia de más de 120 convocatorias públicas vigentes, muchas de las cuales han sido publicadas sin respuesta favorable.

​La importancia de los referentes afectivos

​Frente a la prolongación de los tiempos de permanencia en hogares o dispositivos estatales, el proyecto contempla una vía excepcional e innovadora: el reconocimiento formal de adultos que se han constituido en referentes afectivos a través de su participación en programas oficiales dependientes de la Dirección General de Protección de Derechos (DGP), como Padrinazgo, Voluntariado y Familias de Acogimiento. 

​Cabe destacar que no se trata de guardas de hecho ni de entregas directas entre particulares —situaciones prohibidas por la legislación sustantiva—, sino de vínculos que nacieron, se desarrollaron y fueron acompañados bajo la supervisión directa del Estado. 

​Evaluación interdisciplinaria y garantías procesales

​Para llevar a cabo este proceso de manera rigurosa, la norma contempla las siguientes herramientas:

• Creación del EIDAAE: Se establece un Equipo Interdisciplinario de Diagnóstico de Aptitud Adoptiva Específica de adultos referentes en el ámbito del Registro Provincial de Adopción. 
• ​Diagnóstico de idoneidad: A pedido fundado de la DGP, este equipo técnico realizará las evaluaciones psicológicas y sociales de los adultos referentes. El diagnóstico aplicará los mismos estándares de exigencia requeridos a los inscriptos en el registro general, pero estará acotado de manera exclusiva y específica a la vinculación con ese niño, niña o grupo de hermanos. 
• Decisión en el ámbito judicial: En caso de obtener la declaración de aptitud, las actuaciones se remitirán al Juez de Familia competente. El magistrado evaluará el informe y, mediante resolución fundada, convocará a la audiencia para expedirse sobre la guarda con fines adoptivos. 

​A través de este mecanismo, la Provincia busca consolidar un sistema de protección más ágil y humano, priorizando el interés superior del niño y garantizando que el paso del tiempo no se transforme en un obstáculo para el desarrollo pleno de las infancias y adolescencias mendocinas en un entorno familiar seguro y protector.