¿Qué quiere esconder Cornejo? Mendoza pone bajo llave el acceso al Boletín Oficial

Desde el lunes 21 de septiembre, el Gobierno de Mendoza exigirá usuario y contraseña de la plataforma Mendoza por Mí para consultar el Boletín Oficial. La medida modifica un esquema de acceso abierto y genera fuertes cuestionamientos en materia de transparencia.

El Gobierno de Mendoza decidió avanzar con una modificación que impacta directamente sobre el acceso de los ciudadanos a la información pública: desde el próximo lunes 21 de septiembre, será necesario contar con un usuario de Mendoza por Mí (MxM) para ingresar al Boletín Oficial Electrónico de la provincia. Para acceder se requerirá una cuenta con nivel 2 de identidad digital o superior.

Hasta ahora, la consulta del Boletín Oficial podía realizarse de manera abierta, sin que el ciudadano tuviera que identificarse previamente. El cambio introduce un requisito adicional para acceder a información que, por su propia naturaleza, es pública.

Y allí aparece el principal cuestionamiento: ¿por qué poner una barrera de identificación para consultar los actos que el propio Estado está obligado a hacer públicos?

El Boletín Oficial no es una plataforma destinada a realizar trámites personales. Allí se publican leyes, decretos, resoluciones, licitaciones, edictos y distintos actos administrativos que deben ser conocidos por la sociedad. El propio Gobierno provincial define al Boletín Oficial como el espacio oficial para la publicación de esa información.

De información pública a información con contraseña

La decisión representa un cambio significativo respecto del modelo que Mendoza mantuvo durante años. A partir de ahora, quien quiera realizar una consulta deberá atravesar previamente el sistema de identificación de MxM.

La plataforma oficial establece que los niveles de identidad sirven para verificar quién está utilizando el sistema y que determinados servicios requieren nivel 2 o superior. Para alcanzar ese nivel pueden utilizarse mecanismos de validación vinculados, entre otros, con ATM, GEM, AFIP, ANSES o Mi Argentina.

Es decir que un vecino que simplemente quiera consultar qué decreto publicó la Provincia, qué resolución tomó un organismo o qué licitación fue oficializada deberá contar ahora con una identidad digital validada.

Para el Gobierno puede tratarse de una modernización tecnológica o de una nueva forma de administrar el acceso. Pero desde la perspectiva del acceso a la información pública, el cambio abre una discusión difícil de esquivar: la información pública debería ser cada vez más accesible, no más difícil de consultar.

Una decisión que genera dudas sobre la transparencia

El problema no está solamente en tener que crear una cuenta. El punto de fondo es que se modifica la relación entre el Estado y el ciudadano.

Durante años, cualquiera podía ingresar al Boletín Oficial y buscar información sobre las decisiones del Gobierno provincial. Periodistas, abogados, investigadores, organizaciones civiles, instituciones y ciudadanos comunes podían consultar esos documentos sin necesidad de identificarse.

Ahora deberán pasar por un mecanismo de registro y validación.

En una provincia que habla permanentemente de institucionalidad, resulta llamativo que el acceso a los documentos oficiales termine condicionado por una contraseña.

La transparencia no debería depender de quién se registra, quién valida su identidad o quién logra completar correctamente un trámite digital. Si una resolución, decreto, licitación o norma es de conocimiento público, el camino lógico debería ser facilitar su consulta.

El Gobierno cambia las reglas

El sitio oficial del Boletín Oficial ya funciona actualmente con un sistema de ingreso mediante usuario y contraseña, mientras que la información institucional de Mendoza mantiene herramientas de consulta y búsqueda de ediciones anteriores.

El cambio comenzará a regir formalmente el lunes 21 de septiembre.

La discusión, por lo tanto, excede una cuestión meramente informática. Se trata de determinar qué tan fácil o qué tan difícil será para un ciudadano controlar y conocer los actos de su propio Gobierno.

Y en ese punto la decisión de la administración provincial merece, como mínimo, una explicación mucho más profunda que la simple incorporación de una nueva plataforma tecnológica.

Porque cuando se trata de información pública, poner una puerta donde antes no había ninguna difícilmente puede presentarse como un avance en transparencia.