Hubo que reclamar para que entrara en razón: la Provincia dio marcha atrás con los aviones antigranizo

La decisión llega apenas un día después de que el Gobierno de Mendoza confirmara que pondría a la venta las aeronaves y de que legisladores y municipios cuestionaran el intento de trasladar el costo del sistema a las comunas.

Una vez más, hubo que reclamar, cuestionar y poner el tema sobre la mesa para que el Gobierno de Mendoza corrigiera una decisión que había generado preocupación entre productores y municipios del Sur.

Después de confirmar públicamente que los aviones de la lucha antigranizo serían puestos a la venta, el Gobierno provincial dio ahora marcha atrás con esa decisión y anunció que cederá dos de las cuatro aeronaves que integraban el sistema provincial a San Rafael y General Alvear.

La medida también contempla poner a disposición de los municipios los recursos técnicos de radarización vinculados al funcionamiento del sistema, de acuerdo con las necesidades que planteen las comunas.

El cambio de postura se produce apenas un día después de que el propio Gobierno confirmara que avanzaría con la venta de los aviones. El ministro Natalio Mema había señalado que las aeronaves serían puestas a la venta, mientras la Provincia planteaba concentrar sus recursos en el Seguro Agrícola y otros mecanismos de compensación.

¿Había que llegar hasta acá?

La pregunta resulta inevitable.

Porque mientras desde San Rafael y General Alvear se advertía que los municipios no estaban en condiciones de asumir solos el enorme costo de mantener un sistema de mitigación de granizo, la respuesta inicial de la Provincia fue avanzar con la venta de las aeronaves.

Ahora, apenas horas después, las mismas aeronaves que iban camino a una licitación pasan a ser cedidas a los municipios del Sur.

Es difícil no preguntarse entonces qué sentido tuvo ponerlas a la venta en primer lugar.

La lucha antigranizo no es solamente tener un avión disponible. Requiere pilotos, mantenimiento, hangares, insumos, horas de vuelo, coordinación y radarización. Los propios legisladores sanrafaelinos habían advertido justamente sobre esta cuestión cuando cuestionaron la intención provincial de trasladar la responsabilidad a los municipios.

Por eso, la marcha atrás puede ser considerada una buena noticia para el Sur, pero también deja una pregunta política inevitable: ¿por qué fue necesario generar incertidumbre, anunciar la venta de las aeronaves y enfrentar el rechazo de los municipios para llegar finalmente a una solución que parece mucho más razonable?

El Gobierno debería explicar el cambio

La discusión de fondo no debería ser si San Rafael o Alvear pueden recibir un avión.

Lo que corresponde discutir es quién tiene la responsabilidad de garantizar una política integral de protección de la producción mendocina frente a las contingencias climáticas.

Durante años, la Provincia sostuvo el sistema de lucha antigranizo. En las últimas temporadas, fueron los municipios del Sur quienes debieron asumir buena parte del esfuerzo para mantenerlo operativo. La Municipalidad de San Rafael, junto con la Cámara de Comercio y el sector privado, incluso presentó en marzo resultados que mostraban mayor efectividad, menos daños y costos inferiores respecto de la temporada anterior.

Y ahora, cuando falta poco para una nueva temporada, el Gobierno primero anuncia la venta de los aviones y luego decide ceder dos de ellos.

Demasiadas idas y vueltas para una actividad que necesita previsibilidad.

El productor no puede esperar a que cada año la Provincia decida si la lucha antigranizo continúa, se vende, se transfiere o se modifica. Las tormentas no esperan decisiones administrativas.

Una buena noticia, después de una mala decisión

Que San Rafael y General Alvear puedan disponer de aeronaves para continuar con la lucha antigranizo es, sin dudas, una buena noticia.

Pero también es válido señalar que una buena decisión tomada después de una mala decisión no borra el problema anterior.

La Provincia debería asumir que, en este caso, el camino elegido inicialmente generó preocupación y rechazo y terminó siendo modificado.

Y quizás haya una enseñanza para el futuro: a veces gobernar también significa escuchar antes de decidir, especialmente cuando lo que está en juego es la producción y el patrimonio de miles de familias del Sur mendocino.

Porque si cada vez que se toma una decisión equivocada hay que salir a reclamar, cuestionar y advertir sus consecuencias para que finalmente se corrija, entonces el problema no es solamente la decisión.

El problema es que haya que llegar al conflicto para que el Gobierno haga lo que debería haber hecho desde el principio.