Policiales

Más de 10 niños habrían sido víctimas: prisión preventiva para un empleado de jardín de infantes acusado de abuso sexual

La Justicia de Rosario ordenó 90 días de prisión preventiva para el portero de un jardín de infantes acusado de abusar de varios niños. La investigación ya acumula más de una decena de denuncias.

La Justicia de Rosario resolvió imponer 90 días de prisión preventiva al portero del Jardín de Infantes Nº 261 “Paulo Freire”, quien está acusado de haber cometido abusos sexuales contra varios alumnos de la institución. El hombre, de 55 años, fue imputado por tres hechos que involucran a distintos menores, mientras la investigación continúa avanzando sobre numerosas denuncias similares.

La medida fue ordenada por el juez Rafael Coria, tras un pedido formulado por la fiscal Antonela Valente, responsable de la causa. La funcionaria judicial indicó que los episodios incluidos en la imputación corresponden a tres niños diferentes, aunque aclaró que existen más presentaciones que aún se encuentran bajo análisis.

De acuerdo con lo informado por la fiscal, ya se registraron más de once denuncias vinculadas al caso. Sin embargo, debido al corto tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, solo pudieron formalizarse aquellos hechos para los que ya se habían reunido elementos de prueba suficientes.

La causa comenzó a tomar estado público la semana pasada, luego de que una madre denunciara que su hijo habría sufrido abusos dentro del establecimiento educativo ubicado en el barrio Empalme Graneros. Según relató, el niño le manifestó que el portero lo había intimidado con un palo para evitar que contara lo sucedido.

Tras esa denuncia inicial, otras familias de alumnos se presentaron ante las autoridades para exponer situaciones similares, lo que amplió el alcance de la investigación judicial.

Frente a la gravedad de los hechos denunciados, el Ministerio de Educación de Santa Fe dispuso intervenir el jardín de infantes y reemplazar a todo el personal que se desempeñaba en la institución, incluyendo directivos, docentes y asistentes escolares.

Durante la audiencia, el acusado rechazó las imputaciones en su contra. El hombre, que trabajaba como portero del establecimiento, contó con la asistencia de la defensa pública y, según informó la fiscalía, no posee antecedentes penales.

Por el momento, los investigadores no dieron a conocer las figuras penales específicas que se le atribuyen, aunque confirmaron que los hechos se encuadran dentro de los delitos contra la integridad sexual. En caso de ser hallado culpable, las penas previstas para este tipo de delitos podrían oscilar entre tres y diez años de prisión efectiva.

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