CONADUV rechaza la provincialización de rutas nacionales y advierte que sería “ilegal e inconstitucional”

El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (CONADUV) expresó un fuerte rechazo al Decreto 253/72026 del Poder Ejecutivo Nacional, que dispone la provincialización de rutas nacionales y habilita su financiamiento mediante el cobro de peajes directos en ruta. Desde la entidad calificaron la medida como “ilegal, inconstitucional e inoportuna”.

A través de un comunicado, el organismo sostuvo que el decreto carece de una ley formal que lo respalde, tal como exige la Constitución Nacional en su artículo 75, y advirtió que también se omite la correspondiente transferencia presupuestaria, otro requisito indispensable. En ese sentido, remarcaron que se estarían vulnerando principios básicos como la legalidad, la razonabilidad y el federalismo.

Desde CONADUV cuestionaron además que el Estado Nacional “abandone su obligación” de mantener en condiciones la red vial, especialmente teniendo en cuenta los fondos que se recaudan a través del Impuesto a los Combustibles. Según indicaron, esos recursos “son mal administrados y desviados a otros fines”.

El comunicado también pone el foco en el sistema de peajes que se pretende implementar. Según el organismo, el cobro en ruta sin una contraprestación efectiva transformaría al peaje en “un impuesto encubierto”, lo que violaría el principio de legalidad tributaria. Recordaron que la jurisprudencia de la Corte Suprema establece que “no hay tributo sin ley” y que el Poder Ejecutivo no puede crear cargas económicas sin respaldo legislativo.

En esa línea, señalaron que la transferencia de rutas nacionales a provincias o al sector privado podría generar consecuencias negativas en la seguridad vial, las economías regionales y la logística productiva, además de afectar el mantenimiento de la infraestructura.

El CONADUV también advirtió sobre una posible vulneración del sistema federal, al trasladar responsabilidades a las provincias sin garantizar los recursos necesarios, y cuestionó la razonabilidad de la medida al considerar que implicaría una “doble imposición”, al sumarse el peaje al impuesto a los combustibles ya vigente.

Por otra parte, el organismo sostuvo que la iniciativa afectaría derechos constitucionales, como el de transitar libremente por el territorio argentino y el derecho de propiedad, al imponer pagos sin una base legal adecuada ni una prestación clara.

En el documento también se cuestiona la Red Federal de Concesiones impulsada por el Gobierno Nacional y se advierte que la provincialización de rutas podría derivar en “serios perjuicios sociales y económicos” para los usuarios viales y la sociedad en general.

Finalmente, el CONADUV reiteró la necesidad de avanzar en un proyecto vial integral a nivel nacional, que contemple toda la red caminera y garantice el uso específico de los fondos del Impuesto a los Combustibles. Además, propuso fortalecer el rol de la Dirección Nacional de Vialidad y avanzar hacia un sistema de transporte multimodal que incluya el desarrollo vial, ferroviario y fluvial.

“El derecho a transitar libremente debe ser garantizado. Con peajes en la red vial y sin caminos alternativos libres de pago, no hay libertad”, concluye el comunicado.