Policiales

Cornejo profundiza el conflicto: la Policía reprimió un ruidazo antiminería y dejó 13 detenidos

Organizaciones ambientales exigen la liberación inmediata de los manifestantes y denuncian un accionar policial desmedido.

Foto gentileza: El Otro

Una nueva jornada de tensión se vivió anoche en la capital provincial, cuando una protesta pacífica contra el avance de la minería terminó en una represión policial que dejó 13 personas detenidas. El operativo se desarrolló durante un ruidazo que partió desde las inmediaciones de Canal 9, en calle Garibaldi, y concluyó en la Peatonal mendocina.

Diversas organizaciones señalaron que los asistentes se manifestaban de forma pacífica cuando la Policía actuó con violencia desproporcionada. El colectivo Asambleas Mendocinas Populares por el Agua (AMPAP) denunció públicamente la situación y confirmó el número de detenidos. Este viernes por la mañana solo dos manifestantes habían sido liberados.

En un comunicado difundido tras los hechos, AMPAP repudió enérgicamente el accionar del Gobierno provincial y afirmó que las detenciones fueron “arbitrarias”, advirtiendo que representan “un atropello a las libertades democráticas y un intento de acallar a quienes defienden el agua y el ambiente”.


Un gobierno decidido a forzar el plan minero

El avance del Proyecto San Jorge —recientemente aprobado tras la sanción de su Declaración de Impacto Ambiental— reavivó el malestar social. La sesión en el Senado se llevó adelante con la Legislatura vallada y bajo un operativo policial de gran magnitud, signo claro del clima que rodea esta iniciativa.

El gobernador Alfredo Cornejo apuesta fuerte a este proyecto, impulsado por capitales suizos del Solway Investment Group (a través de Zonda Metals) y por el Grupo Alberdi, encabezado por Martín Rappallini, presidente de la Unión Industrial Argentina. La dirección ejecutiva sigue en manos de Fabián Gregorio, referente histórico de la mina.

A pesar de la resistencia social que supera los 20 años en Mendoza, el Gobierno provincial decidió acelerar la habilitación del proyecto, alineándose con la política nacional del presidente Javier Milei y respondiendo a las protestas con un tono cada vez más represivo.


Represión, detenciones y un operativo sin identificación

Hasta este jueves, las manifestaciones se habían desarrollado sin incidentes, a pesar de las provocaciones policiales, según denunciaron los asistentes. Los efectivos —muchos de ellos armados y sin identificación reglamentaria— actuaron con un nivel de violencia que dejó perplejos a los manifestantes.

Entre los detenidos se encuentran Renzo Gollano, Facundo Gollano, Santiago Algarrobo, Enzo Puebla, Luis Pinti, Ema Garbo, Máximo Astorga y Bautista Franco, entre otros, según informó AMPAP.

Lejos de cuestionar la represión, el Ejecutivo provincial la justificó públicamente “en nombre del orden”, a la vez que responsabilizó a los manifestantes por los incidentes. Para las organizaciones, esta postura oficial es parte de una estrategia para criminalizar la protesta social.


Exigencias y un conflicto que se intensifica

AMPAP exigió que el Gobierno garantice la integridad física y psicológica de todos los detenidos, y que se respeten plenamente sus derechos procesales. Recordaron además que la defensa del agua es un eje histórico en una provincia árida, donde el recurso hídrico es fundamental y ya se encuentra bajo presión.

En lugar de abrir canales de diálogo o atender las demandas ciudadanas, el Gobierno provincial opta por más fuerza y menos escucha. Y mientras avance un modelo extractivo rechazado por amplios sectores de la sociedad mendocina, el conflicto seguirá en ascenso.

En redes sociales y en las calles volvió a resonar un mensaje que sintetiza el sentimiento colectivo:
“¡El agua de Mendoza no se negocia!”

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