Amparo contra la presencialidad: los argumentos que prepara el Gobierno para defenderse
Hasta el miércoles tienen tiempo de responder la demanda. Para el Ejecutivo no hay situación de gravedad institucional ni sanitaria.
demás de la preocupación por el aumento de contagios y del análisis de posibles restricciones, la administración de Rodolfo Suarez trabaja a contrarreloj para contestar el amparo que solicita suspender las clases presenciales.
La medida fue presentada el pasado 23 de abril por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), que solicitó a la Justicia provincial que ordene al Gobierno la suspensión de la presencialidad por dos semanas. Con este panorama, el Ejecutivo tiene tiempo hasta el miércoles para contestar la demanda y luego se correrá vista a la Fiscalía de Estado, que tiene tres días hábiles para hacer su parte.
Teniendo en cuenta los plazos, la resolución judicial podría llegar a fines de esta semana, o bien a principios de la que viene.
La defensa
En este caso la Asesoría de Gobierno será la encargada de realizar el informe de la defensa. Por un lado, entre sus argumentos, los colaboradores cercanos a Suarez consideran que es “equivocada” la demanda que se hace a la provincia. En todo caso debería realizarse contra la Dirección General de Escuelas (DGE)
“Entendemos que no debemos ser demandados en esto”, señalaron desde la Casa de Gobierno y en torno a eso basarán su respuesta frente a la denuncia.
“El Gobierno no emitió acto de efectos particulares ni generales que hagan a la presencialidad de las clases. Ha mantenido la resolución federal, no ha dictado acto que determine nada, nunca intervino”, señalaron desde el Ejecutivo.
Por otra parte, en el Gobierno hay esperanzas de mantener la presencialidad ya que advierten que “no hay ninguna situación de gravedad institucional ni gravedad de salud general que amerite que un juez se inmiscuya en la facultad política de las decisiones”, argumentaron.
Mientras tanto, tres abogados trabajan en la elaboración del “informe circunstancial” y analizan si adherirán a los argumentos que sumará la DGE en su defensa. El Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación (SUTE) presentó un pedido similar en el gobierno escolar y éste de la APDH también llegó al organismo que conduce José Thomas.
Tanto el pedido del sindicato como el de la APDH quedaron en el Segundo Juzgado de Gestión Asociada a cargo de la doctora Patricia Dolores Fox.
En cuanto a la postura, desde el Ejecutivo entienden que no existen “suficientes cantidades de contagios” en el ámbito escolar, ni “relación de causalidad” entre presencialidad y casos y confían en la “razonabilidad” de los jueces en torno a este planteo.
Para la DGE, el SUTE no tiene argumentos
Por su lado, la DGE también tiene hasta el miércoles para contestar la demanda. La posición del gobierno escolar apunta a que ese amparo de la APDH “no tiene argumentos jurídicos”, sino periodísticos.
“No hay nada jurídico para responder”, señalaron los letrados de la DGE.
En cuanto a la presentación del SUTE, desde la cartera de Thomas señalaron que todavía no fueron notificados. Sin embargo, en base a lo trascendido, consideran que el gremio basa sus argumentos en resoluciones de octubre del año pasado, por lo tanto “obsoletas”.
Por otra parte, la DGE tiene los números para dar cuenta de la baja incidencia de contagios en los establecimientos escolares.
Fuente: El Sol
