Los legisladores podrían decidir revertir la medida en la sesión prevista para el jueves 3 de abril, ya que Victoria Villarruel no volverá a emitir decretos para detener los ajustes salariales.

La resolución de Villarruel expiró el lunes 31 de marzo, lo que permitió descongelar las dietas de los senadores nacionales. Con la eventual concreción de la paritaria de los empleados legislativos, planeada para mediados de abril, los representantes provinciales verán sus ingresos nuevamente vinculados a los aumentos, superando los 9 millones de pesos.
El senador Luis Juez fue el primero en manifestar su postura, enviando una nota a la vicepresidenta en la que expresó que “no es momento para debatir sobre los salarios de la política, sino para respaldar el esfuerzo colectivo del pueblo”. Además, solicitó que su dieta como senador permanezca congelada durante todo el año en curso. Posteriormente, los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano se sumaron a la declaración, mientras que otros aún no han emitido su opinión. Los senadores conocen que la decisión debe adoptarse de forma conjunta, ya que la titular del Senado no puede descongelar las dietas de algunos y mantenerlas para otros.
Desde la oficina de presidencia del Senado, ubicada en el primer piso del Palacio Legislativo, se informó que la vicepresidenta Villarruel no repetirá la medida adoptada en diciembre pasado, haciendo hincapié en que “la decisión debe ser tomada por los senadores en el recinto”, según publicó TN.
El senador Luis Juez fue el primero en manifestar su postura, enviando una nota a la vicepresidenta en la que expresó que “no es momento para debatir sobre los salarios de la política, sino para respaldar el esfuerzo colectivo del pueblo”. Además, solicitó que su dieta como senador permanezca congelada durante todo el año en curso. Posteriormente, los representantes de Santa Cruz, José María Carambia y Natalia Gadano se sumaron a la declaración, mientras que otros aún no han emitido su opinión. Los senadores conocen que la decisión debe adoptarse de forma conjunta, ya que la titular del Senado no puede descongelar las dietas de algunos y mantenerlas para otros.
Desde la oficina de presidencia del Senado, ubicada en el primer piso del Palacio Legislativo, se informó que la vicepresidenta Villarruel no repetirá la medida adoptada en diciembre pasado, haciendo hincapié en que “la decisión debe ser tomada por los senadores en el recinto”, según publicó TN.
Antecedentes
Previo al cierre del año 2024, la mayoría de los bloques parlamentarios remitieron notas a Villarruel, facultándola para detener los aumentos salariales hasta que el asunto fuera debatido en las sesiones ordinarias de 2025. Por ello, se prorrogó la resolución DR 27/24, la cual había congelado las dietas hasta el 31 de diciembre, y se dejó el tema en discusión durante todo el mes de marzo. Sin embargo, al no avanzar en la materia, las dietas se han descongelado.
Postura del Gremio
La Asociación del Personal Legislativo (APL), dirigida por Norberto Di Próspero, celebró recientemente su asamblea anual de Memoria y Balance. Durante el encuentro, Di Próspero anunció que se han iniciado conversaciones paritarias y destacó los casi 60 incrementos salariales logrados en el período, subrayando que “en el actual contexto político y económico, la paritaria de los legislativos no se ajusta a la inflación y es fundamental evitar pérdidas de puestos de trabajo”.
La Votación Original
El 18 de abril del año pasado, en una sesión en la que se votó a mano alzada y sin discusión, los senadores aprobaron un proyecto de resolución que establecía que, a partir de mayo de 2024, se percibirían 13 dietas anuales. Cada una constaría de 2500 módulos, sumados a un adicional de 1000 módulos por gastos de representación y 500 módulos por desarraigo, valorando el módulo según lo que perciben los empleados legislativos conforme a la ley 24.600 (Estatuto del Personal del Congreso de la Nación).
Sin embargo, el 22 de agosto se suspendió la aplicación de dicha resolución –tras críticas sociales y cuestionamientos incluso por parte del presidente Javier Milei– hasta el 31 de diciembre, desvinculando los ingresos de los senadores de los del personal legislativo y retrotrayendo cualquier aumento salarial. El último incremento a los trabajadores del Congreso se aprobó el 13 de noviembre, con aumentos escalonados que sumaron un 6% en total.
Detalle del Recibo de Sueldo
En el detalle del recibo de un senador nacional se puede apreciar que se asignan 4,9 millones de pesos por dieta, 1,9 millones por gastos de representación y 1 millón por desarraigo, sumando 7,8 millones. A este monto se le descuentan impuestos, aportes a la obra social, a la Asociación Mutual de Legisladores y al partido político – un total de 2,6 millones – lo que deja un ingreso neto de 5,2 millones. Con el reconectar las dietas a la resolución anterior y el descongelamiento a partir del primer día de abril, se estima que el ingreso neto ascienda a 6,2 millones; y de concretarse una nueva paritaria, con un aumento estimado del 6%, la dieta de bolsillo podría alcanzar los 7 millones, mientras que el bruto rondaría los 10 millones.
Nuevos Proyectos sobre Dietas
Ante la controversia generada por los ingresos de los senadores nacionales, durante 2024 se presentaron diversas iniciativas en la Cámara Alta para establecer un criterio claro y poner fin al debate. Dichas propuestas deberán ser retomadas en el nuevo período parlamentario y discutidas en las comisiones correspondientes.
El senador Francisco Paoltroni (Libertad, Trabajo y Progreso) impulsó un proyecto que propone regular la renuncia a las dietas y fomentar la transparencia y la austeridad en el Congreso. La iniciativa, compuesta por siete artículos, plantea que los legisladores –tanto diputados como senadores– puedan renunciar total o parcialmente a sus dietas mediante una solicitud formal presentada a la secretaría administrativa. Paoltroni argumentó que “se propone una medida concreta de austeridad en las remuneraciones de los legisladores nacionales, adecuándolas a la realidad económica del país. La dieta legislativa se fijaría en un monto equivalente a diez jubilaciones mínimas vigentes, lo que simboliza un compromiso ético con los sectores más vulnerables de la sociedad”.