Piden una cautelar para dejar sin efecto por 60 días la resolución del Gobierno luego de que un jubilado no pueda pagar un remedio.
Expertos y legisladores esperarán este martes al ministro de Salud, Mario Lugones, quien fue convocado al Congreso para responder por qué se decidió esta medida.
Los más afectados por la decisión del gobierno de Javier Milei de recortar la entrega de medicamentos gratuitos del PAMI ya dieron el primer paso en la Justicia para intentar ponerle un freno a la medida que afectó a 3 millones de adultos mayores. Un jubilado no pudo gastar $48 mil en un remedio para combatir su EPOC, se asesoró legalmente y pidió una cautelar para que la medida del Gobierno nacional quede sin efecto por 60 días. Si bien se trata de una solicitud individual, en el escrito se habla "en defensa de los afiliados de PAMI".
"Vengo a solicitar que se dicte una medida cautelar ordenando al PAMI a suspender la quita de cobertura de medicamentos al 100% al menos por 60 días", dice la presentación con la que se pide cancelar la medida anunciada el lunes pasado por el Gobierno. El amparo judicial fue presentado por los abogados Valeria Carreras y Christian González D'Alessandro, quienes tomaron el caso de Horacio Burgos, uno de los tantos jubilados que se vio afectado por la nueva restricción de otorgar determinados remedios gratuitos sólo a quienes ganen por debajo de $390.000, entre otros requisitos mínimos.
"No se puede cortar un tratamiento de un día para el otro. El señor que representé en este caso, el día martes se volvió a su casa sin su paf porque valía $48 mil. Si cortamos un tratamiento de cualquier tipo de dolencia, lo que generamos es que la enfermedad se empiece a gravar. La consecuencias final puede o no ser la muerte", subrayó Carreras en diálogo con El Destape.
El ensañamiento con los jubilados
Para la abogada, también es cruel solicitar una batería de información que sólo busca generar "trámites burocráticos dificultosos para que la gente desista y sean menos y así reducir el gasto" en esa política pública. "Piden un montón de datos, si tiene auto, cuanto cobra, que tratamientos tiene, que son todos de domino del Estado, propongo que a través del banco de datos del Estado eso se simplifique", agregó Carreras. Es que, además, la obra social de los jubilados pide papeles para certificar que el beneficiario no sea propietario, no tenga un auto con menos de 10 años de antigüedad, no tenga activos societarios, no tenga embarcaciones de lujo, entre otros puntos. El jueves, tras el anuncio, un jubilado de 67 años se roció con nafta e intentó prenderse fuego en la sede central de PAMI.
Carreras recordó que esta medida ya se realizó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando no hubo resistencia mediante amparos ni cautelares y "quedaron sin cobertura millones de abuelos" y pidió que "esta vez no puede suceder lo mismo". "Que lluevan, que sean miles los reclamos de asociaciones de jubilados, intermedias, particulares, que no pase como en el 2017, que no se lleven puesto el derecho adquirido de nuestros adultos mayores. Tal vez todo esto pasa porque el Presidente y este Gobierno no tiene empatía ni compasión ni piedad por el otro", advirtió.
Un organismo que también podría accionar una medida similar
Se trata de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Eugenio Semino, quien se manifestó a favor de este primer amparo aunque planteó que "el problema es más complejo", ya que advirtió que existe un proceso opaco en la selección de los medicamentos que quedan excluidos de los descuentos del 40 al 80% que realiza el PAMI.
"Lo del amparo no me parece mal, pero creo que el problema es mucho más complejo y tiene que ver con la pérdida de descuentos sobre una cantidad importantísima de medicamentos que desconocemos cuántos y cuáles son", indicó Semino en diálogo con El Destape. Es que en agosto pasado, la obra social de los jubilados eliminó 44 moléculas con las que se hacen drogas del vademécum de descuentos. "Ya lo habíamos hecho publico en aquel momento y ahora se profundiza, de una molécula pueden salir 10, 100 o andá saber cuantos medicamentos específicos de farmacia", agregó.
Este será uno de los temas que Semino, junto a otros expertos y legisladores de distintos partidos, le preguntarán al ministro de Salud, Mario Lugones, quien fue convocado por la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados para que explique la medida el próximo martes. "Vamos a ver que nos dice el ministro en Diputados el martes", remarcó Semino.
El ensañamiento con los jubilados
Para la abogada, también es cruel solicitar una batería de información que sólo busca generar "trámites burocráticos dificultosos para que la gente desista y sean menos y así reducir el gasto" en esa política pública. "Piden un montón de datos, si tiene auto, cuanto cobra, que tratamientos tiene, que son todos de domino del Estado, propongo que a través del banco de datos del Estado eso se simplifique", agregó Carreras. Es que, además, la obra social de los jubilados pide papeles para certificar que el beneficiario no sea propietario, no tenga un auto con menos de 10 años de antigüedad, no tenga activos societarios, no tenga embarcaciones de lujo, entre otros puntos. El jueves, tras el anuncio, un jubilado de 67 años se roció con nafta e intentó prenderse fuego en la sede central de PAMI.
Carreras recordó que esta medida ya se realizó en 2017 durante la gestión de Mauricio Macri, cuando no hubo resistencia mediante amparos ni cautelares y "quedaron sin cobertura millones de abuelos" y pidió que "esta vez no puede suceder lo mismo". "Que lluevan, que sean miles los reclamos de asociaciones de jubilados, intermedias, particulares, que no pase como en el 2017, que no se lleven puesto el derecho adquirido de nuestros adultos mayores. Tal vez todo esto pasa porque el Presidente y este Gobierno no tiene empatía ni compasión ni piedad por el otro", advirtió.
Un organismo que también podría accionar una medida similar
Se trata de la Defensoría de la Tercera Edad de la ciudad de Buenos Aires, dirigida por Eugenio Semino, quien se manifestó a favor de este primer amparo aunque planteó que "el problema es más complejo", ya que advirtió que existe un proceso opaco en la selección de los medicamentos que quedan excluidos de los descuentos del 40 al 80% que realiza el PAMI.
"Lo del amparo no me parece mal, pero creo que el problema es mucho más complejo y tiene que ver con la pérdida de descuentos sobre una cantidad importantísima de medicamentos que desconocemos cuántos y cuáles son", indicó Semino en diálogo con El Destape. Es que en agosto pasado, la obra social de los jubilados eliminó 44 moléculas con las que se hacen drogas del vademécum de descuentos. "Ya lo habíamos hecho publico en aquel momento y ahora se profundiza, de una molécula pueden salir 10, 100 o andá saber cuantos medicamentos específicos de farmacia", agregó.
Este será uno de los temas que Semino, junto a otros expertos y legisladores de distintos partidos, le preguntarán al ministro de Salud, Mario Lugones, quien fue convocado por la Comisión de Acción Social y Salud de la Cámara de Diputados para que explique la medida el próximo martes. "Vamos a ver que nos dice el ministro en Diputados el martes", remarcó Semino.
Fuente: El Destape