Javier Milei confirmó el veto a la ley de financiamiento universitario. Los detalles.
Este jueves, el presidente Javier Milei vetó la ley de financiamiento universitario a través del Decreto 879/2024, publicado en el Boletín Oficial. A pesar de las masivas movilizaciones en el Congreso y en todo el país en apoyo al proyecto, el Ejecutivo decidió dejar sin efecto la medida aprobada por ambas cámaras del Congreso. Los detalles.
La decisión del veto fue tomada en el último día del plazo legal que tenía el Gobierno para promulgar o vetar la ley. Se argumentó en los considerandos del decreto que la ley violaba el marco jurídico vigente, ya que no contemplaba el impacto fiscal ni especificaba las fuentes de financiamiento.
Asimismo, se mencionó el artículo 38 de la Ley 24.156 de Administración Financiera, que exige que toda ley que autorice gastos no previstos en el presupuesto especifique los recursos necesarios para su implementación. Además, se advirtió que el presupuesto actual de la Secretaría de Educación no incluye los créditos para cubrir el gasto que demandaría la ley.
Qué significa el veto presidencial
El veto es una facultad que permite al presidente anular un proyecto de ley aprobado por el Congreso. Si el veto es aceptado, el proyecto queda sin efecto.
Sin embargo, si el Congreso reúne los dos tercios de los votos en ambas cámaras, puede insistir en su aprobación y la ley entraría en vigor a pesar del rechazo presidencial. En este caso, el proyecto de financiamiento universitario no se implementará, salvo que el Congreso logre revertir el veto.
Cuánto costaría implementar la ley de financiamiento universitario, según el Gobierno
Según el decreto, la implementación de la ley significaría un aumento del presupuesto en $251.907.500.000 solo hasta agosto de 2024, sin contar las actualizaciones previstas para los meses restantes del año. En total, el Gobierno calculó que la aplicación de la norma implicaría un gasto adicional de aproximadamente $811.569.000.000. Estos costos fueron determinantes para que el Poder Ejecutivo decidiera no promulgar la ley.El Ejecutivo también consideró que la ley otorgaba un incremento salarial desproporcionado al personal de las universidades nacionales en comparación con el resto del personal de la Administración Pública Nacional. Mientras los trabajadores universitarios recibirían un aumento del 87% entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, el resto del personal solo obtendría un 78%.