Los concejales del PJ apoyan la reforma de horarios en locales bailables de Mendoza para mejorar la seguridad vial y fomentar la actividad económica nocturna.
En el marco de las discusiones sobre seguridad vial y la regulación de la vida nocturna en Mendoza, los concejales del bloque del Partido Justicialista (PJ) de San Rafael, encabezados por Antonela Cristofanelli, Néstor Ojeda, Mariano Cámara, Pamela Torres, Samuel Barcudi y Nahuel Arconse, presentaron un proyecto de declaración para manifestar su respaldo a la propuesta legislativa impulsada por el diputado provincial Gustavo Perret.
El proyecto de ley busca modificar la ley 8296, reformando el inciso G del artículo 7 y la totalidad del artículo 8, que actualmente establece horarios estrictos de apertura y cierre para locales bailables en Mendoza. Según la normativa vigente, los locales deben abrir como máximo a las 23:00 horas y cerrar a las 6:30 horas, mientras que la venta de entradas debe cesar a las 2:30 horas.
Los concejales del PJ argumentan que estas restricciones han provocado serios problemas de circulación vehicular y han incrementado el riesgo de accidentes, ya que la concentración de personas al ingresar y salir de los locales genera embotellamientos peligrosos. El objetivo de la reforma es permitir una mayor flexibilidad en los horarios, con el fin de dispersar el tráfico vehicular y peatonal a lo largo de la noche, lo que contribuiría a reducir los accidentes viales y a mejorar la seguridad en general.
Además de los beneficios en términos de seguridad, los concejales también señalaron que la flexibilización de los horarios podría incentivar un aumento en la afluencia de clientes a los locales nocturnos, lo que dinamizaría la actividad económica y generaría más empleos en el sector del entretenimiento.
El Honorable Concejo Deliberante de San Rafael expresó su deseo de que los legisladores del Sur de la provincia aprueben favorablemente esta iniciativa, considerando que la misma aportaría beneficios tanto para los locales bailables como para la comunidad en su conjunto.
El proyecto de declaración solicita que se remita copia del mismo al Poder Ejecutivo Provincial, para que se tomen en cuenta estas consideraciones en la discusión legislativa.